Durante su mensaje a la nación, el presidente Ollanta Humala se refirió hasta en nueve oportunidades a las fronteras del Perú. Más allá de menciones y anuncios, la situación que se vive en algunas localidades de los márgenes del país es lamentable.
El 1 de setiembre del 2014, sicarios contratados por madereros ilegales asesinaron a Edwin Chota y otros tres dirigentes de la comunidad nativa de Alto Tamaya-Saweto, en la frontera con Brasil. Chota había logrado que las autoridades incautaran alrededor de 200 mil metros cúbicos de madera talada en territorios comunales. Lo habían amenazado varias veces.
Días después, el 11 de setiembre, el Gobierno decretó el estado de emergencia en los distritos de Ramón Castilla y Yavarí, en el Trapecio Amazónico. Esto incluye a Caballococha, uno de los nuevos ejes del narcotráfico en el país. Por aquellos días, un mando de la Policía Antidrogas en esta localidad le comentó a un reportero de El Comercio: “En esta zona los narcos desayunan en el Perú, almuerzan en Colombia y cenan en Brasil”.
Poco después, en enero del 2015, este Diario informó sobre el continuo ingreso de mineros y madereros ilegales ecuatorianos a través de la frontera del Cenepa. En ese momento había más de 140 túneles en suelo peruano, de donde ellos extraían oro para procesarlo y venderlo en Ecuador.
¿Por qué es importante para un Estado proteger sus fronteras? Porque, entre otras cosas, este descuido convierte la soberanía en un problema.
PUERTAS MAL CERRADASLas fronteras terrestres del Perú suman poco más de 7 mil kilómetros. En una entrevista concedida poco tiempo atrás a El Comercio, el entonces jefe de la Dirección Nacional de Desarrollo Fronterizo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Eduardo Martinetti (hoy viceministro en esa cartera), comentó: “Hay una gran asimetría entre la situación en las localidades fronterizas y la del resto del país, pero además respecto de aquellas localidades que están al otro lado de las fronteras”.
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