Las instalaciones de la empresa Agroindustrial Pucalá, en Chiclayo (Lambayeque), permanecen tomadas por sujetos extraños un día después de que un grupo de personas, algunos trabajadores, ingresara violentamente para exigir el pago de sus haberes que, según denunciaron, les deben hace varios meses.
La información fue proporcionada por el gerente general de la azucarera, Max Ayora Inoñán. En diálogo con El Comercio, aseguró que unas 40 personas permanecen en las instalaciones de la compañía.
Minutos antes, personal de la misma azucarera difundió un video grabado por dron en el que se observaría a estas 40 personas dentro de la azucarera.
Ayora, incluso, calificó de “grave” la situación en Pucalá y aseguró que hoy, martes, fue declarado día no laborable y que todos los trabajadores “formales” que se encontraban dentro de la empresa se retiraron por medidas de seguridad. “Este grupo de usurpadores ha ingresado a la compañía y hasta ahora no sale”, añadió.
El funcionario agregó que “estos delincuente comunes” iban a ser desalojados hoy por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), pero “curiosamente” esto no ha ocurrido. “O sea, estamos hablando de que la policía está resguardando a un grupo de delincuentes en nuestra propia empresa”, aseveró.
Ante esta situación, Ayora recurrió al Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo para solicitar “se constate la omisión de auxilio policial y se dispongan las medidas preventivas para evitar que dicha inacción pueda desbordar en un gravísimo conflicto social o hechos violentos mucho más graves que están siendo permitidos implícitamente por el personal policial”.
El funcionario también indicó que si este miércoles la policía no desaloja a las 40 personas que permanecen en la azucarera, “no podrá efectuarse el pago de las remuneraciones de más de 2.300 trabajadores, debido a que en la compañía se procesan las planillas y se encuentra la bóveda de seguridad”.
Actualmente la administración de Pucalá recae en su gerente general Max Ayora, tras la renuncia de su administrador judicial, Luis Dávila. Más de cien policías resguardan la compañía y un grupo de trabajadores protestó este martes en los posteriores de la misma para exigir se restablezca el orden.
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