El lunes 22 de abril, el actual gobernador regional de Puno, Walter Aduviri Calisaya, afrontará el inicio del juicio oral en su contra por el presunto delito contra la tranquilidad pública-disturbios en agravio del Estado, durante la revuelta denominada el 'aimarazo', en el 2011.
La autoridad regional fue condenada por el tribunal puneño a 7 años de prisión efectiva, sin embargo, presentó un recurso de casación el cual fue declarado fundado por al Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.
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La Sala Penal Permanente declaró fundado el recurso de casación debido a la inobservancia de precepto procesal y vulneración de la garantía de motivación en que incurrió la sentencia emitida por la Sala Penal de Apelaciones de Puno, el 29 de diciembre de 2017.
Esta decisión no significa haberlo absuelto o que sea inocente de los cargos formulados en su contra por la fiscalía. El tribunal supremo aclaró que lo dispuesto es la realización de un nuevo juzgamiento de primera instancia a cargo de otro colegiado, el cual estará integrado por los magistrados Julio César Chucuya Zaga, Jackeline Reina Luza Cáceres y Shirlay Bazilka Flores Menendez
Para el inicio de este juicio, el presidente de Corte Superior de Justicia de Puno, Walter Salvador Gálvez, señaló que se viene preparando un plan de seguridad.
—Historia del conflicto—
El 29 de noviembre del 2007, el gobierno del ex presidente Alan García promulgó el Decreto Supremo 083-2007, que exceptuó a la empresa canadiense Bear Creek de la prohibición constitucional de que los extranjeros puedan realizar actividades directa o indirectamente dentro de los 50 kilómetros de zona de frontera.En abril del 2011, el Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno, encabezado por Walter Aduviri, inició protestas contra el proyecto minero Santa Ana de la empresa canadiense. Tras intentos fallidos de consensos, la protesta se radicalizó.El 26 de mayo, Puno fue tomado y sitiado por población aimara, y se produjo el saqueo e incendio de locales públicos de Sunat, Aduanas, contraloría, gobernación y de empresas privadas.Además, fueron bloqueadas las dos principales carreteras que unen a la región Puno con la frontera a Bolivia, impidiéndose la libre circulación de vehículos y perjudicando el turismo. Se estima que durante los 45 días de protesta Puno perdió US$117 millones.
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