Hoy fue interpuesta en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) una solicitud de vacancia en contra del suspendido gobernador de Puno, Walter Aduviri Calisaya. Ello, luego de que la Corte Suprema de Justicia declaró fundada en parte el recurso de casación que presentó su defensa legal y le sustituyó la condena de seis años de cárcel efectiva por otra de cuatro años de pena suspendida y el pago de una reparación civil de S/2 millones a favor del Estado.
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En diálogo con El Comercio, el ciudadano Francisco Calatayud Guerra, quien presentó la solicitud, indicó que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia confirman en su sentencia la culpabilidad de Aduviri Calisaya por el delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de disturbios, durante el ‘aimarazo’ del 2011.
Asimismo, invoca al artículo 30, numeral 3 de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que establece que el cargo de gobernador regional vaca por condena consentida o ejecutoriada por delito doloso con pena privativa de la libertad, que sería el caso de Aduviri Calisaya.
Calatayud Guerra es natural de la ciudad de Juliaca, San Román. Refirió ser mecánico y que no tiene relación con ningún político
La posición de la defensa legal de Aduviri
“En la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados no indican ningún impedimento para reasumir o no sus funciones. La última palabra la tendrá el Jurado Nacional de Elecciones”, manifestó a El Comercio Aldo Valdivia Vega, abogado defensor de Walter Aduviri.
Sobre el pedido de vacancia presentado ante el JNE, Valdivia Vega señaló que su patrocinado no consentirá la resolución de la Corte Suprema y la impugnará por la vía constitucional, por lo que dicha sentencia no podrá ser considerada como consentida y ejecutoriada.
“Tanto el pedido de vacancia como la suspensión que pesa sobre el cargo, tienen sus propios procedimientos que deben seguir su trámite. El pedido de vacancia invocando el artículo 30 numeral 3 de la Ley 27867, es interpretativa”, señaló el abogado.
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Para aclarar la situación de Aduviri Calisaya, la defensa legal solicitará al JNE se pronuncie considerando que la sentencia de la Corte Suprema no menciona si está o no impedido para reasumir sus funciones como gobernador regional de Puno.
En octubre del 2019, el Consejo Regional de Puno lo suspendió del cargo de gobernador en tanto aclare su situación legal por cuanto estaba en curso las apelaciones en todas las instancias.
Ya fue notificado el Poder Judicial de Puno
El abogado del suspendido gobernador informó que la Corte Suprema ya notificó su decisión al Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Puno, que lo condenó en agosto del 2019.
“Esta tarde, dicho Juzgado debe remitir el documento que ordena la liberación de mi defendido al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y debe abandonar la cárcel a mas tardar mañana (viernes)”, indicó Valdivia Vega.
Desde agosto, el suspendido gobernador está encarcelado en el Establecimiento Penal Puno, ubicado en el sector de Yanamayo.
Esta es parte de la solicitud presentada por Calatayud al JNE:
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