El grupo de trabajo convocado para implementar la segunda reforma agraria excluye –entre otros gremios– a los representantes del sector agroexportador.
Las preguntas son las siguientes: ¿qué hay detrás de dicha exclusión? ¿Acaso los productores de frutas y hortalizas –que este año superarán todos los récords históricos de exportaciones y empleos formales– no son parte del sector? ¿Acaso no hay encadenamientos productivos –crecientes y virtuosos– entre el sector agroexportador y la pequeña agricultura?
La conformación del grupo de trabajo en cuestión lo dice todo: viceministros de Políticas de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar, y de Infraestructura Agraria y Riego. Directores de Gestión Territorial, Estadística, Saneamiento de la Propiedad Agraria, Desarrollo Agrícola y Agroecología, Desarrollo Ganadero, Asociatividad, Servicios Financieros y Seguros, Infraestructura Hidráulica y Riego, Planeamiento y Presupuesto, y Compensaciones para la Competitividad. O sea, la crema y nata de la burocracia papeluchera, inútil y –salvo honrosas excepciones– corrupta.
Y por el lado ‘productivo’, la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Central Única Nacional de Rondas Campesinas (Cunar), la Junta Nacional de Usuarios de los Sectores Hidráulicos de Riego, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap), y la Federación Nacional de Mujeres Campesinas Artesanas Indígenas Nativas y Asalariadas del Perú (Femucarinap).
¿Qué plan de acción puede salir de ese grupo de trabajo? Pues –como muchos otros que produce el Estado– uno que no servirá para nada. Un plan que nos va a atiborrar de normas y procedimientos, que pocos respetarán, y que solo servirá para justificar abusos, consultorías y coimas.
Pobreza, informalidad, desnutrición, desempleo y dependencia alimentaria del exterior. A eso nos va a llevar la segunda reforma agraria –retrógrada y acomplejada– que se está cocinando en el Ministerio de Agricultura.
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