El Tribunal Constitucional (TC) falló esta semana sobre las demandas de inconstitucionalidad contra la Ley del Servicio Civil. Tanto los trabajadores del Poder Judicial –que en los últimos tres años han realizado diversas protestas contra la ley– como los del Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, la Contraloría General de la República, la Sunat y el Congreso deben ser incorporados en la norma.
Asimismo, no estará prohibida la negociación colectiva de sueldos en el Estado, con lo cual se termina una restricción de 20 años.
Servidores públicos
Cerca de un millón y medio de personas trabajan en el Estado. Más de la mitad pertenecen a carreras especiales que no están sujetas a la nueva ley, como maestros, médicos y policías. El resto de trabajadores públicos corresponde a uno de los tres regímenes laborales del Estado.
El más conocido de estos es el CAS (Contratación Administrativa de Servicios). Los trabajadores que están bajo este régimen tienen contratos temporales y no tienen derecho a CTS ni gratificaciones, solo a dos bonos de S/300 al año.
Quienes pertenecen a los otros dos regímenes cuentan con contratos indefinidos. Los sujetos al régimen del Decreto Legislativo 276 reciben salarios que son, en promedio, más bajos que el resto. Por último, están los funcionarios del régimen 728, de la empresa privada, al que todos quieren pertenecer, pero solo el 7% ha accedido a él.
Alcances de la reforma
El principal objetivo de la reforma es impulsar la meritocracia en la carrera pública. Para ello, establece un régimen laboral único para todos los funcionarios y regula la selección de trabajadores a través de concursos públicos, así como su capacitación, remuneración y ascenso.
Actualmente existen más de 102 escalas remunerativas y 400 reglas de pago a los funcionarios.
La reforma es positiva porque permitirá que haya línea de carrera en el sector público y que los sueldos (y por ende los incentivos) se eleven, opina Jorge Toyama, abogado laboralista. Con la ley, el tope salarial se eleva a S/25 mil. Juan Carlos Cortés, presidente ejecutivo de Servir, afirma que podría elevarse.
Otro aspecto importante es que la ley establece mecanismos de desvinculación para quienes no sean eficientes. Hoy no existe despido por bajo rendimiento en el Estado. Ahora bien, un desafío importante para la reforma, sin embargo, es que el traspaso de los trabajadores al nuevo esquema laboral es voluntario –salvo en el caso del CAS–, por lo que se tendrán que generar los incentivos para que los funcionarios opten por migrar.
Avances
A pesar de que se inició en el 2013, esta es una reforma de largo aliento. Más de 240 entidades públicas han iniciado el proceso de tránsito al régimen de Servir. De ellas, 19 ya están en la etapa final. Se espera que para el cambio de gobierno hayan completado el proceso, afirma Cortés. Para el 2019, todas las entidades públicas reguladas por la ley deberían haber culminado la transición, según la misma norma.
Lee también:
Trece #regiones ya tienen #zonificación ecológica y económica https://t.co/maHbeFxFY7 pic.twitter.com/kYsSL5ZwxR— Sociedad El Comercio (@sociedad_ECpe) 29 de abril de 2016
Contenido Sugerido
Contenido GEC