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El pasado domingo 8 de noviembre, el presidente Ollanta Humala firmó el decreto supremo de creación del Parque Nacional Sierra de Divisor, luego de 9 años de espera, tras la declaración de zona reservada (una categoría transitoria).
La decisión de declararla parque nacional ayudará a tomar acciones de protección frente a amenazas, tales como tala ilegal, minería y los cultivos ilegales de hoja de coca. Estas dos últimas, se desarrollan en las zonas colindantes, pero existe el riesgo de que se adentren en el parque.
Además, amenazan la zona las carreteras creadas para favorecer dichas actividades ilícitas y la falta de titulación de comunidades, que ha avanzado en los últimos años, pero que todavía no protege a todos los pobladores.
Según dijo a El Comercio Lelis Rivera, director ejecutivo del Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (Cedia), la declaración de Parque Nacional es sumamente oportuna debido a los peligros que corre.
Sin embargo, depende no solo del gobierno central, sino de los gobiernos regionales y otras instituciones el futuro de la zona. En este momento, se debe buscar a aliados estratégicos como la Marina de Guerra y la Policía Nacional, y perseguir y castigar a infractores, consideró Rivera.
Además, el papel de las comunidades que ocupan la zona es fundamental. “Estas comunidades son los aliados perfectos para el Estado para suscribir acuerdos de vigilancia y protección”, manifestó.