El gobernador regional de Ucayali, Francisco Antonio Pezo Torres, fue capturado anoche por la policía y posteriormente fue internado de emergencia en el hospital amazónico de Yarinacocha, donde permanece bajo custodia policial. Según informó Canal N, Pezo Torres, quien se encontraba prófugo desde el pasado lunes, intentó volver a huir de las autoridades, pero sufrió una caída al intentar saltar un cerco.
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La autoridad regional, sobre quien pesa una orden de detención preliminar de 15 días, fugó el último lunes 13 de diciembre, minutos antes de que un grupo de fiscales y policías llegaran a la sede del gobierno regional de Ucayali para ejecutar una medida judicial de allanamiento y detención de la referida autoridad, investigada por dirigir una presunta organización criminal.
“El señor Francisco Pezo Torres se encuentra detenido en custodia de la Policía Anticorrupción, se le ha informado de los derechos que le corresponden, ha conversado con su abogado”, señaló en Canal N José Rebaza, jefe de la Policía Anticorrupción de Ucayali.
Según informó, el vicegobernador regional de Ucayali, Ángel Gutiérrez Rodríguez, Pezo se encuentra estable y se recupera “de una limpieza quirúrgica por tener una fractura expuesta del tobillo izquierdo en la zona interna”.
La autoridad regional, que fue elegida por Alianza para el Progreso, había sido ubicada en una vivienda en el kilómetro 12, de la carretera Federico Basadre, durante el cerco desplegado por la Policía Nacional, según informaron medios locales.
Los hechos
Según la investigación fiscal, esta organización criminal- que operaba desde 2019- habría posibilitado la contratación de empresas vinculadas al empresario José Luis Villacorta Montoya en, al menos, 14 procesos de adquisición de bienes y servicios de forma direccionada y sobrevalorada.
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Para este fin, Pezo Torres habría contado con el apoyo de los funcionarios de la entidad regional, los cuales se habrían coludido para favorecer al referido empresario y a un grupo de empresas de su propiedad en el otorgamiento de estas licitaciones.
Por estos hechos se les imputa los presuntos delitos de organización criminal, colusión simple y agravada, cohecho pasivo propio y cohecho activo genérico.
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Hasta el lunes se informó de la detención de nueve personas de un total de 15 implicados.
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