Lo último que se supo de Emilia Benavides, de 9 años, fue que estaba parada en una de las calles del centro de Loja, en el sur de Ecuador, esperando el bus que la llevaría a su casa. Eran las 12:42 p.m. y Emilia vestía el buzo del colegio, zapatillas blancas y una mochila rosada. Esta última imagen que se conoció de Emilia, y a la que se aferraba su familia para encontrarla, había sido captada por una cámara de videovigilancia.
De ella no se supo más, hasta 96 horas después cuando la policía ecuatoriana encontró su cuerpo carbonizado en el fondo de una quebrada al lado de una carretera. Emilia había sido víctima de trata por pornografía infantil y, además, había sido violada.
La trágica muerte de Emilia conmocionó a Ecuador tanto como el caso de la violación y el asesinato de la pequeña Jimena, de 11 años, que golpeó al Perú a inicios de febrero de este año.
En esa ocasión, el Ministerio del Interior (Mininter) peruano anunció para marzo la implementación de la Alerta Amber, un sistema de notificación rápida que se aplica hoy en 12 países. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha cumplido.
Una situación distinta se da en Ecuador. En ese país, el Gobierno ya puso fecha para el lanzamiento del sistema de Alerta Amber –el 20 de abril– e incluso le ha cambiado el nombre: se llamará Alerta Emilia, en honor a la pequeña víctima.
—El caso ecuatoriano—En el 2013, el Gobierno Ecuatoriano inició un proceso de reestructuración en las políticas del sector para atender las desapariciones y tipificó la imprescriptibilidad de estas y sus respectivos procesos de investigación judicial.
Al año siguiente, se creó una unidad especializada en la policía con cerca de 400 agentes formados en el extranjero para ver los casos de desaparecidos.
“Tenemos un protocolo internacional validado para que los agentes actúen en estos casos y hemos creado un sistema de registros que ha generado una plataforma web”, explica Tomás Guayasamín, director de Prevención, Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes del Mininter ecuatoriano.
En este sistema, comenta el funcionario, los agentes ingresan los avances de cada caso para que la información esté actualizada. Además de compartir las fotos por redes sociales, se creó una línea telefónica para recibir información de los desaparecidos y así evitar que los familiares coloquen sus números y sean extorsionados.
Como un último paso, y luego de un año de asesoría, en enero el Mininter firmó un convenio con el Center of Missing and Exploited Children (ICMEC) para ratificar la implementación de la Alerta Emilia. “Hace tres semanas dos niños desaparecieron y estuvimos a punto de lanzar la alerta, pero, felizmente, los hallaron”, relata Guayasamín.
En el ámbito internacional solo Alemania, Australia, Canadá, España, Costa Rica, Estados Unidos, Francia, Holanda, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y México tienen Alerta Amber.
El ICMEC también está a cargo de la Red Global de Niños Desaparecidos, una iniciativa de colaboración que une y moviliza a la comunidad mundial para encontrar a niños desaparecidos.
Solo el 1% termina en delito
En Ecuador, hasta diciembre del 2017, el Ministerio del Interior había contabilizado 1.577 casos de personas desaparecidas. De ellos, 287 se referían a menores de edad.
Según información del sector, la mayoría de las desapariciones de niños y adolescentes se debe a problemas familiares como maltrato físico, psicológico y problemas sentimentales.
Solo un 1% se da cuando un menor es víctima de un delito como asesinato, violación o secuestro. Por ello, el caso de la pequeña Emilia generó tanta conmoción en la población ecuatoriana y marcó un hito en el sistema policial de ese país. El afiche con los datos de la menor desaparecida se convirtió en un símbolo.