La Junta de Portavoces del Congreso acordó este miércoles exonerar del trámite de comisiones a los proyectos de ley presentados por la Fiscalía de la Nación y la parlamentaria Gladys Echaíz (APP), relacionados al destino de los restos del genocida Abimael Guzmán, fallecido el último sábado.
Según pudo conocer El Comercio, el congresista Eduardo Salhuana (APP) planteó inicialmente que se exonere solo el proyecto de Echaíz, lo que no fue aprobado por la junta. Luego, el legislador José Jerí (Somos Perú – Partido Morado) propuso que se exonere del trámite de comisiones a ambos proyectos de ley, lo que fue rechazado en primera votación.
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Jerí solicitó una reconsideración a la votación y, finalmente, la Junta de Portavoces aprobó la iniciativa.
“Se va a aprobar o la fórmula de APP, o la de fiscalía o una fusión entre ambos. Se va a ver mañana”, comentó a El Comercio una de las fuentes consultadas.
La Junta de Portavoces también acordó incluir en la agenda del pleno del jueves el dictamen de la Comisión de Constitución que establece una interpretación de la cuestión de confianza, prerrogativa del Poder Ejecutivo.
La propuesta de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, plantea modificar el artículo 114 de la Ley General de Salud estableciendo que “el juez o el fiscal, según sea el caso, en decisión especialmente fundamentada, podrá disponer del destino final de los cadáveres cuyo traslado, funerales o inhumación pudiera poner en grave riesgo la seguridad o el orden público”.
Según explicó la fiscalía, “de aprobarse esta iniciativa, se aplicaría también al caso de Abimael Guzmán Reinoso, toda vez que el Ministerio Público mantiene su cadáver en la morgue del Callao”. Los restos han sido solicitados al fiscal del caso por la esposa del cabecilla de Sendero Luminoso, la también senderista Elena Yparraguirre, a través de la condenada por terrorismo Iris Quiñonez.
El proyecto de Echaíz, titular de la Comisión de Justicia, sugiere agregar el siguiente texto al referido artículo: “Tratándose de cabecillas de organizaciones terroristas o de quienes hayan incurrido en el delito de traición a la patria, que fallecieran durante el cumplimiento de su condena como tales, el Ministerio Público dispondrá en el plazo antes señalado y mediante decisión debidamente motivada e inimpugnable la cremación del cadáver”.
Añade que “el Ministerio de Justicia es el responsable de recibir el cadáver, su cremación y del destino final de los restos que tendrá el carácter de secreto”. También precisa que “el acto de cremación se llevará a cabo dentro de las 24 horas siguientes a la entrega del cadáver y en presencia de un representante del Ministerio Público para los fines de identificación”.
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