Sobre el destino de los restos del genocida Abimael Guzmán aún hay un manto de incertidumbre. Y en medio de la inacción del Ejecutivo, otras instancias han empezado a exigir y a señalar las medidas que podría tomar el gobierno de Pedro Castillo, ante la muerte del cabecilla de Sendero Luminoso.
La Defensoría del Pueblo solicitó el lunes al Ejecutivo que emita un decreto que regule la entrega de restos humanos de individuos que, por actos cometidos en vida, supongan una amenaza a la seguridad nacional.
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“La posibilidad de regular esta materia constituye una facultad inherente al Poder Ejecutivo, dado que ostenta la atribución de desarrollar las políticas nacionales de orden interno”, indicó la entidad en un pronunciamiento, en el que recuerda que el Código Procesal Penal y la Ley General de Salud no establecen cómo proceder ante estas situaciones.
El pedido se da luego de que el Gobierno optara por no tomar alguna iniciativa concreta y dejar todo en manos de la fiscalía, aduciendo que no le compete decidir sobre el cuerpo del terrorista.
El ex primer ministro Pedro Cateriano señaló a El Comercio que el Gobierno debería evaluar la conveniencia de dictar el decreto supremo, pues no ha tomado acciones previas pese a conocer el estado de salud de Guzmán y haber anunciado a fines de agosto, a través del ministro de Justicia, Aníbal Torres, que los internos de la Base Naval del Callao –donde permanecía el terrorista– serían trasladados a otras prisiones.
“Desde el momento en que el Ejecutivo evaluó el traslado de Abimael Guzmán, sabía el estado de salud en el que se encontraba [...] Sí ha podido adoptar las providencias de caso. Porque si un Gobierno toma la determinación de hacer esta clase de traslados para delincuentes de alta peligrosidad, tiene que tener una estrategia y un análisis de las consecuencias que pueden tomar este tipo de medidas. Pero no lo hicieron”, acotó Cateriano.
Postura del Congreso
Desde el Congreso, un comunicado firmado por voceros de las bancadas exhortó a los poderes del Estado a defender la estabilidad democrática y condenar cualquier acción que represente vínculos con el terrorismo o apología a dicho delito.
El documento inicial no llevaba alguna firma de Perú Libre, pero luego se incluyó la del vocero alterno Elías Varas. Según informó el Parlamento, el legislador no estuvo presente en la Junta de Portavoces porque estaba en una actividad en su región. Sin embargo, al tomar conocimiento del comunicado, solicitó expresamente su suscripción.
Carlos Zeballos, de Acción Popular, indicó a este Diario que los portavoces acordaron trabajar un proyecto de ley multipartidario para establecer medidas y protocolos ante el fallecimiento de terroristas que purgaban condena. “Ese vacío legal tiene que ser absuelto para que no tengamos en el futuro algo similar [...]. Está en curso la elaboración; esto requiere ser visto lo más antes posible. Calculo que esta semana se estará presentando a la Comisión de Justicia”, indicó.
El comunicado del Poder Legislativo también plantea que el cuerpo de Abimael Guzmán sea incinerado para evitar actos de reivindicación.
Sobre el asunto se pronunció en RPP Zoraida Ávalos, titular del Ministerio Público, quien refirió: “Con respecto a la incineración, no hay marco normativo que así lo disponga. Este es un vacío que debe ser tratado por los órganos competentes, llámese Congreso o Ejecutivo”.
Ávalos subrayó que, para tomar una decisión, el fiscal a cargo del caso debe “tener en cuenta el impacto que genera esto en la sociedad”. “Nosotros actuamos en defensa de la sociedad y velamos por la prevención”, agregó.
En tanto, el lunes por la mañana, un grupo de congresistas acudió a la morgue del Callao, donde yacen los restos de Abimael Guzmán, para constatar el deceso. “Se hace un trabajo profesional, no se ha omitido ninguna pericia. De acuerdo a ley [lo] tienen 60 días en custodia, al cabo de los cuales se tomarán las decisiones que correspondan”, explicó Gladys Echaíz (APP).
“Es la misma persona, es la misma persona que sale en los diarios y que hemos visto a lo largo de los tiempos”, añadió sobre las fotografías del cuerpo que les mostraron.
Los parlamentarios también se reunieron con fiscales de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao. Es ante esta entidad que la condenada por terrorismo Iris Quiñones solicitó la entrega del cuerpo a nombre de la esposa de Guzmán, la encarcelada senderista Elena Yparraguirre.
Sugerencia
Desde el Ejecutivo, lo que vino fue una sugerencia, mas no alguna iniciativa normativa. El ministro de Justicia, Aníbal Torres, envió un oficio a Ávalos planteando que el Ministerio Público “pueda disponer la cremación de los restos de Abimael Guzmán Reinoso”.
Más temprano, en Exitosa, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, tuvo una opinión distinta: “Es un tema de apreciación, de qué manera damos un mensaje de terrorismo nunca más. No sé si incinerando los restos de Abimael Guzmán vamos a consolidar ese mensaje o no”, expresó.
Durante un discurso en Cajamarca, el presidente Pedro Castillo dijo que su gobierno rechaza los actos de corrupción y terrorismo. “Que tenemos ideología senderista, falso, totalmente falso”, aseveró.
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La pregunta del día: ¿cuáles fueron las reacciones desde el Ejecutivo tras la muerte de Abimael Guzmán?