RODRIGO CRUZ ARANA (@rcruza)
“Orellana es el criminal organizado más grande que tiene el Perú”, dice sin titubear el congresista Víctor Andrés García Belaunde al referirse al empresario acusado de estafar al Estado por más de S/.56 millones.
Rodolfo Orellana Rengifo, 50 años, es abogado de profesión. Nació en la provincia de Tocache. Es un ex simpatizante aprista. En el 2006 fue candidato a regidor del Concejo Metropolitano de Lima. Dirige diferentes compañías, como la cooperativa Coopex, asociación acusada por la fiscalía de haber timado al Estado al emitir y falsificar 54 cartas- fianza.
Orellana lidera un grupo delictivo, según señala García Belaunde, que se dedica al tráfico de terrenos, la interceptación telefónica y el lavado de activos.
“Ellos cuentan con el apoyo de funcionarios de la fiscalía y el Poder Judicial; así como con notarios y efectivos de la policía”, sostiene el congresista.
De hecho, un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banco y Seguros (SBS), elaborado en el 2012, ayudaría a entender la real dimensión de esta presunta organización criminal. En este informe se señala que 83 personas estarían ligadas a Orellana. Ellas formarían una inmensa red de lavado de activos y tráfico ilícito de drogas. Para estos fines, habrían contado también con la participación de 63 personas jurídicas.
LOS ALTOS MANDOSDel documento se puede desprender que este grupo estaría dirigido principalmente por cinco personas: Orellana, como el jefe de esta organización; Churchill Orellana Rengifo, hijo adoptivo de Orellana y secretario de Coopex; William Cruzalegui, ex presidente de Coopex; Hernán Villacrez Torres, presunto testaferro del grupo; y Ludith Orellana, hermana y socia del cuestionado abogado.
Sobre los cuatro primeros, el informe señala que utilizaron el sistema financiero para recibir de terceros más de US$2 millones en efectivo de presunto origen ilícito, junto con la empresa Orellana Asesores y Consultores S.A.C. Esta firma tendría en Ludith Orellana a su principal socia y depositante.
Las pesquisas de la SBS señalan también que Orellana, involucrado además en el Caso ‘La Centralita’, está vinculado al menos a 17 empresas, las cuales usaría para fines ilícitos. Al respecto, el congresista García Belaunde asegura que esta agrupación “se dedica a fundar empresas para luego estafar”. TRÁFICO DE TERRENOSPero otro cuestionamiento que tiene Orellana es el tráfico de terrenos. No por nada, el jueves pasado, el Congreso decidió crear una comisión especial para que investigue su responsabilidad en este delito.
García Belaunde contó que entre los afectados por esta red estarían nada menos que el hospital Hermilio Valdizán, el Ministerio de Educación y la Fundación por los Niños del Perú. “Lo que hace Orellana es apropiarse de bienes que puedan tener algún tipo de conflicto. Él espera ver una pequeña rajadura en la madera para meterse como polilla y quedarse con la propiedad”, advierte.
Orellana usaría a la empresa Investigaciones Corporativas, la cual fundó para recopilar información e identificar a sus próximas víctimas, afirma el congresista.