El defensor del Pueblo Eduardo Vega se refirió hoy respecto a la intervención de la primera dama, Nadine Heredia, en la Comisión Martín Belaunde Lossio, y subrayó que todo investigado tiene derecho a conocer previamente los cargos que se le imputan.
Tras evitar responder si percibe un cargamontón contra la presidenta del Partido Nacionalista, indicó que toda persona bajo investigación tiene el derecho fundamental al debido proceso y a la defensa.
“[…] De hecho toda persona cuando se somete a una investigación en cualquier ámbito tiene el derecho al debido proceso, a la defensa, y cuando ya se trata de estar en una situación de investigado a conocer previamente los cargos que se le formulan”, declaró.
Asimismo, dijo esperar que sean superados los incidentes suscitados en dicha comisión, presidida por la legisladora Marisol Pérez Tello, en torno a las preguntas formuladas a Nadine Heredia.
En otro momento, indicó que el Congreso “tiene sus propios mecanismos” para haber decidido que la Comisión Belaunde Lossio disponga el carácter reservado de la audiencia en la que participó la esposa del primer mandatario, pese a la insistencia de la primera dama para que la reunión sea abierta.
“Al final quien tiene que tomar la decisión justificando y fundamentándola con prudencia es la autoridad, en este caso, esta comisión que dirige Marisol Pérez Tello que tiene una reconocida trayectoria”, señaló a Ideeleradio.
Eduardo Vega opinó que el Parlamento es un foro político y sería ingenuo pensar que no hay un interés de querer influenciar o politizar las investigaciones, especialmente en una época electoral.
“Siempre habrá este tipo de situaciones, más en una época en donde se está a puertas o ya se inició un proceso con miras a las elecciones del próximo año. Sería necio de mi parte, o ingenuo, pensar que no hay ese tipo de intereses, de querer influenciar o politizar este tipo de investigaciones”, dijo.
El titular de la Defensoría del Pueblo sostuvo, no obstante, que a pesar de este tipo de intereses políticos, es importante esclarecer aquellos temas de interés público, los cuales no deben interferir con la vida privada de las personas.
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