La situación del suspendido congresista fujimorista Julio Gagó estaba bastante complicada a inicios de año. Tanto así que el empresario decidió dejar la vocería de su bancada mientras duraban las investigaciones que le seguía la Fiscalía de la Nación y la Comisión de Ética Parlamentaria, por presuntamente proveer al Estado de maquinarias de oficina a través de terceros para evadir la Ley de Contrataciones del Estado.
A continuación las claves de un caso que ha sido archivado en la Fiscalía y en el Congreso.
1. EL NEXO CON COPY DEPOTEn marzo pasado los programas “Sin medias tintas” y “Día D” denunciaron que Gagó movía los hilos de la empresa Copy Depot, que en los últimos tres años facturó S/. 6’498.752 en ventas al sector público. Incluso, en los primeros audios que se difundieron, se lo escucha al fujimorista decir que las ventas de los productos que importaba su empresa, Jaamsa, debían ser canalizadas a través de esta compañía.
Otro punto a tomar en cuenta es que el local de Copy Depot está a pocos metros de las oficinas de Jaamsa, en el jirón Lampa en el Centro de Lima.
Según la versión de ex trabajadores de Jaamsa, el gerente general de Copy Depot, Amancio Armas Vílchez (a quien Gagó transfirió nominalmente sus acciones), era hombre de confianza de la familia del parlamentario.
2. LAS PESQUISAS Una vez conocida la denuncia, la Fiscalía de la Nación le abrió una investigación preliminar a Gagó para determinar si tenía o no una relación con Copy Depot. El propio titular del Ministerio Público de ese momento, José Antonio Peláez Bardales, le pidió a Gagó hacer sus descargos.
Para el procurador anticorrupción, Christian Salas, el ex vocero del fujimorismo tenía “injerencia directa” en la empresa Copy Depot.
También explicó que se había identificado un promedio de 16 empresas vinculadas a Jaamsa. Dijo que estaban siendo investigadas para determinar si a través de ellas las maquinarias que exporta Gagó llegaban al Estado o no.
“Este es un elemento de convicción. Hay que usar otros elementos, como los socios fundadores de todas esas empresas, si los trabajadores de las empresas están vinculados por alguna razón, familiaridad, amistad o algo, si hay relación comercial entre todas las empresas, y cuál es el tipo de relación comercial y financiera”, dijo.
3. AUDIOS QUE LO COMPLICABANNuevos audios revelaron que Gagó daba directivas a sus trabajadores para que le vendan al Estado por medio de Copy Depot.
“Ya no se va a vender nada por Maquinarias Jaamsa ni por Faga, Faga Motors también está ganando procesos por Copy Depot. Ahora, ¿quién es Copy Depot? Copy Depot va a ser nuestra empresa mayorista para el Estado. Acá no hay ninguna historia escondida. Acá solamente es soy congresista, yo no puedo facturar [sic]. Tiene que haber otra empresa. Así de sencillo”, decía.
“Los dueños de Copy Depot, para que no se hagan otras pajas, no soy yo, ni ninguno de mis hermanos. ¿Entienden castellano, español? Copy Depot es una empresa la cual solamente va a vender al Estado porque nosotros no podemos vender al Estado y ya saben por qué, porque si son chismosos, saben porque soy congresista de la República. Acá no hay nada oculto y no se fantaseen con eso de congresista de la República. Así como yo hay más del 80% de 'parla' (...), no vayan a pensar que soy el único. De los 130 (congresistas), más de 100 son empresarios y más de 100 hacen lo mismo”, aseveraba también.
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4. LO ACUSARON DE ABUSOS LABORALESUn grupo de ex trabajadores de Jaamsa denunció a Gagó por abusos laborales. Varios de ellos han señalado que fueron despedidos de manera arbitraria y que no se les pagó su compensación por tiempo de servicios (CTS), pese a tener nueve años laborando.
Además, señalaron que los 200 trabajadores de Jaamsa fueron reubicados en 16 empresas, creadas tras la elección del Gagó como congresista.
Para la abogada laboralista Pamela Navarro, esto se habría producido para reducir el pago de las cargas sociales o para evitar tener más de 20 trabajadores, a fin de no tener que distribuir las utilidades. Paradójicamente el fujimorista presidió la Comisión de Trabajo.
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5. ÉTICA LO SUSPENDIÓEn junio de este año, con 72 votos a favor, uno en contra y 29 abstenciones el pleno del Congreso decidió suspender por 120 días sin goce de haber a Gagó por el Caso Copy Depot.
Según el informe sustentado por el titular de la Comisión de Ética, Humberto Lay, Gagó infringió el Código de Ética Parlamentaria y faltó a la investidura de su cargo al buscar la forma de eludir la Ley de Contrataciones del Estado, que indica que los congresistas están impedidos de venderle al sector público.
6. FISCAL ARCHIVÓ INVESTIGACIÓNEl Ministerio Público archivó en setiembre último la investigación preliminar que se le seguía al parlamentario. La resolución fue firmada por el nuevo fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia. Allí se determinó no formular una denuncia constitucional contra el legislador, por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y negociación incompatible. En declaraciones a la prensa, Ramos Heredia señaló que los audios en cuestión habían sido editados.
Agregó que “los congresistas responden por los hechos cometidos en el cargo. El procesado (Gagó), no firmó algún contrato ni intervino en el expediente técnico. En el Congreso puedes hacer sus investigaciones y tomar sus decisiones, pero en el ámbito penal se necesita otro nivel de análisis”.
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7. EL CONGRESO TAMPOCO ACUSARÁLa Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso archivó ayer el caso de Gagó, a quien el oficialismo le planteó una denuncia constitucional por haber contratado con el Estado a través de la empresa Copy Depot.
El pronunciamiento para que este caso se archive fue respaldado por los legisladores fujimoristas Martha Chavez, Juan Díaz Dios, Karla Schaeffer, Rolando Reátegui; Javier Velásquez Quesquén, de Concertación Parlamentaria; Luis Iberico, de Alianza para el Progreso y Mariano Portugal, de Unión Regional.
Los legisladores que votaron a favor que se inicie la investigación fueron Víctor Andrés García Belaunde, de Acción Popular así como los oficialistas Tomás Zamudio, Víctor Isla y Teófilo Gamarra.