“El entonces ministro de la Producción Jorge Luis Prado Palomino, durante el ejercicio del cargo, indujo al director general de la Dirección General de Desarrollo Empresarial - DGDE, Jorge Roberto Palomino Cordero, para que en su condición de área usuaria se interesara en la contratación del Edwin Segundo Chávez Prado (sobrino del entonces ministro castillista)”.
Esta fue la hipótesis con la que el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, denunció constitucionalmente a Jorge Prado Palomino, exministro de la Producción durante la gestión de Pedro Castillo, ante el Congreso de la República.
Por ello, según el documento fiscal al que accedió El Comercio, Prado Palomino fue denunciado por el presunto delito de negociación incompatible por haber direccionado la contratación de su sobrino Edwin Chávez, en una entidad adscrita a dicho ministerio.
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El sobrino laboró en Produce desde febrero a julio de 2022, luego renunció al hacerse pública su situación.
“Jorge Luis Prado Palomino (en su condición de ministro de la Producción), como presunto instigador del delito contra la Administración Pública, en la modalidad de Negociación Incompatible, ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 399° del Código Penal, en agravio del Estado.”
Juan Carlos Villena, Fiscal de la Nación interino.
La medida adoptada por el titular del Ministerio Público tiene como fin poder formalizar la investigación preparatoria contra Prado Palomino y así judicializar el proceso.
La denuncia constitucional será procesada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Elementos de convicción
Para sustentar su denuncia constitucional, Villena Campana presentó 55 elementos de convicción con los que acreditaría la existencia de un “alto nivel de sospecha reveladora, para afirmar que el denunciado Prado Palomino”, en su condición de ministro de la Producción, indujo a la contratación de su sobrino Edwin Segundo Chávez Prado.
La conducta del exministro castillista, indicó el Fiscal de la Nación, “sería contraria a la norma”, y no concurriría ninguna causa de justificación
Y es que, para la fiscalía, Prado Palomino habría dispuesto que funcionarios del área de Abastecimiento de su cartera realicen las gestiones administrativas para contratar a su sobrino, quien finalmente fue beneficiado con las órdenes de servicio Nro. 637-2022 de fecha 16 de febrero de 2022, y la Nro. 1477-2022 de fecha 30 de mayo de 2022.
“Se evidencia presuntos indicios de direccionamiento y favorecimiento en la contratación de Edwin Segundo Chávez Prado, ya que la misma área usuaria habría entregado sus datos al área de Abastecimiento para su invitación y posterior contratación en ambas órdenes de servicio; siendo el denunciado Jorge Luis Prado Palomino, quien habría determinado a los funcionarios encargados de dicha contratación, en específico a Jorge Roberto Palomino Cordero, para beneficiar a su sobrino antes mencionado.”
¿Cómo se habría gestado la contratación?
Según la denuncia constitucional presentada por el Fiscal de la Nación, el 8 de febrero del 2022 se dispuso requerir la contratación de funcionarios para la Mype en la Región Ica, para fortalecer los espacios de concertación y coordinación para la reactivación empresarial y productivas.
Horas después, el director general de la Dirección de Desarrollo Empresarial Jorge Roberto Palomino Cordero, dispuso que el entonces el viceministro de Mype e Industria, Luis Martín Mesones Odar -investigado por el caso Sada Goray y Marka- realice las acciones administrativas para lograr dicho objetivo.
Palomino Cordero, cabe precisar, fue nombrado en el cargo por el ministro Prado Palomino en enero del 2022.
Seis días después del requerimiento, el 14 de febrero del 2022, la locadora de servicios de la Dirección General de Desarrollo Empresarial de Produce, Rinath Contreras Escudero, remitió los datos personales del proveedor Edwin Segundo Chávez Prado, sobrino del entonces ministro.
En su declaración a la fiscalía, Contreras señaló que “las acciones realizadas dentro de estas contrataciones siempre han sido solicitadas por el director general de Desarrollo Empresarial, Jorge Roberto Palomino Cordero”.
Ese mismo día Chávez Prado fue invitado por el área de Abastecimiento del Ministerio de la Producción, con la indicación de remitir su cotización.
El 16 de febrero se terminó emitiendo la Orden de Servicio N.° 00006371 a favor del sobrino del ministro por la suma de S/21 mil por labores de 90 días.
Para sustentar sus actividades laborales, presentó una fotografía durante la visita del ministro Prado Palomino y su comitiva a la sede de Ica.
El 17 de mayo del 2022, a pocos días de concluir su primera orden de servicio, las mismas oficinas emiten un nuevo requerimiento para contratar personal para la Difusión de instrumentos y herramienta de articulación y desarrollo empresarial de MiPyme Región Ica.
Seis días después, Chávez Prado fue nuevamente invitado y se le solicitó su cotización. El 30 de mayo, una vez más, se emitió la Orden de Servicio N.° 0001477 por otros S/ 21 mil.
En los dos casos, señala la fiscalía, el sobrino omitió declarar en los documentos de contrato, el grado de consanguinidad con su tío el hoy exministro de Producción, “ello con la finalidad de ser favorecido con la contratación en el Ministerio de la Producción”. Y es que, precisa Villena Campana, el proveedor declaró a sus parientes hasta el segundo grado de parentesco; sin embargo debía haber declarado hasta el cuarto grado de parentesco de consanguinidad.
“Jorge Luis Prado Palomino, en su condición de ministro del Ministerio de la Producción, habría instigado a Jorge Roberto Palomino Cordero a fin de que éste se interese en la contratación del sobrino del primero de los nombrados, Edwin Segundo Chávez Prado, para el servicio de asistencia técnica para la Región Ica, contando para ello con la colaboración de Rinath Contreras Escudero, quien tuvo a su cargo la elaboración de los términos de referencia - TDR, de acuerdo al currículum vitae del proveedor en mención, el que le habría sido proporcionado por Jorge Roberto Palomino Cordero.”
Juan Carlos Villena Campana, Fiscal de la Nación interino.
Sin embargo, el 15 de julio del 2022, el sobrino ministerial informó mediante una carta que “por razones personales” no podría concluir con el servicio para el que fue contratado y renunciaba al cargo.
Dos días después, el programa Punto Final dio a conocer la contratación del sobrino de Prado Palomino, en la sede de Produce en la región Ica.
Otros exministros castillistas investigados
Un aproximado de 14 exministros de la gestión de Pedro Castillo, han sido y vienen siendo investigados por la Fiscalía de la Nación. Tal como se informó en su momento, en algunos casos ya se presentó acusación como el requerimiento formulado contra la exministra Betssy Chávez, el exministro Aníbal Torres (en su condición de asesor), el exministro de Comercio y Turismo, Roberto Sánchez, el exministro del Interior, Willy Huertas, por el presunto delito de rebelión.
El exministro Juan Silva, no solo es procesado por posibles actos de corrupción el Caso Puente Tarata y Ministerio de Transporte y Comunicaciones, también es investigado por presunto cohecho pasivo junto al congresista Enrique Wong.
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