El Ministerio Público informó que se concretó la incautación de un inmueble ubicado en la urbanización El Golf, en una zona exclusiva de San Isidro, que fue entregado por Sada Goray a Salatiel Marrufo como parte del pago de las ‘coimas’ para acceder a contratos con el Grupo MiVivienda.
Representantes del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder ejecutaron la orden de incautación, allanamiento, descerraje y desposesión del inmueble que está ubicado en la calle Los Manzanos y que, según pudo conocer El Comercio en junio de este año, está valorizada en unos S/3,8 millones.
“Marrufo Alcántara es investigado por los delitos de organización criminal, cohecho pasivo y tráfico de influencias agravado, como parte de la presunta red de corrupción del expresidente Pedro Castillo, Sada Goray y otros”, recordó el Ministerio Público al informar sobre la diligencia de este martes.
La casa de unos 389 metros cuadrados fue parte del soborno que la empresaria Sada Goray entregó a favor de Salatiel Marrufo y Geiner Alvarado para poder obtener favores y contratos en el Grupo MiVivienda durante el gobierno de Pedro Castillo, caso por el cual todos los implicados cumplen prisión preventiva.
El inmueble específicamente se entregó en enero del 2022, según el testimonio que brindó Marrufo ante los fiscales como parte de su convenio de colaboración eficaz, como parte de un pago acordado de S/9,4 millones que en ese momento la empresaria no pudo efectuar.
“[Ella] envió a su chofer con las llaves de la casa al hotel El Marqués, donde me encontraba hospedado”, refirió Marrufo.
Esta propiedad, que también procedió a ser remodelada en los meses siguientes, iba a ser compartida con el entonces ministro de Vivienda Geiner Alvarado. Según el acuerdo al que habían llegado con Goray, el traspaso se concretaría una vez que ambos dejen de ser funcionarios y creen una persona jurídica a la cual hacerle la entrega.
“Debo aclarar que esa casa era de propiedad de Geiner Alvarado López y mi persona, es decir el 50% cada uno”, expresó en su testimonio, al cual tuvo acceso El Comercio.
Con la diligencia de este 5 de setiembre, el inmueble pasa a manos del Programa Nacional de Bienes del Estado (Pronabi).
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