La Primera Sala de Apelaciones decidió declarar infundados las impugnaciones contra la detención preliminar por 10 días presentados por Luis Nava Guibert, secretario de la Presidencia de la República durante el segundo gobierno de Alan García, y Miguel Atala, ex vicepresidente de Petro-Perú. Ambos son investigados por el presunto delito de lavado de activos.
La sala también desestimó los recursos de apelación presentados por los abogados del empresario Samir Atala Nemi y los ex funcionarios Luis Menacho, Oswaldo Plasencia y Raúl Torres, todos ellos también con orden de detención preliminar.
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-Se defendieron-
Luis Nava, quien fue secretario del gobierno del ex presidente Alan García, se presentó a la audiencia de esta mañana en la que cada uno de los detenidos hizo uso de la palabra para hacer sus alegatos de autodefensa.
Nava indicó que venía siendo investigado desde el 2011 en el Congreso de la República y que nunca evadió las investigaciones allí o en sede fiscal.
Además, recordó que la Fiscalía de la Nación lo investigó por enriquecimiento ilícito, y el 2 de julio del 2018 archivó el caso. Sin embargo, la fiscalía de lavado de activos lo sigue investigando.
“Sin perjuicio de que no reconozco ninguna de las conductas que me atribuye la fiscalía como supuestamente configuran los delitos de colusión y lavado de activos, debe recordarse que toda medida de cohersión personal como es la detención preliminar requiere la concurrencia de peligro procesal, ya sea de fuga o entorpecimiento de la actividad probatoria”, indicó.
El ex secretario informó que el último lunes fue dado de alta de la clínica donde permanecía internado y no pudo pagarla pues sus cuentas estaban embargadas.
Sobre su caso, indicó que la fiscalía no ha demostrado ningún peligro de fuga y que tiene a su familia viviendo en el país. Reseñó padecer de diabetes, presión alta, un marca pasos, infarto renal y arritmia.
“Teniendo domicilio procesal y real, es un poco difícil que yo me desarraigue de mi tierra. Tengo tres hijos maravillosos y siete nietos. Yo preferiría la muerte antes que la separación de ellos. El hecho de que el señor fiscal me haya acusado de peligro de fuga y de perturbación, es una exageración y si no fuese fiscal yo lo enjuiciaría por difamación”, dijo.
A su turno, Minguel Atala, indicó que la cuenta bancaria en Andorra que se le halló la puso a nombre de su hijo, Samir Atala Nemi, “por seguridad”.
“El dinero que ingresó en el banco está acreditado en la Fiscalía. El dinero era parte de una acreencia. Me encuentro consternado y no me explico por qué se ordena mi detención habiendo colaborado”, aseveró.
Aseveró no tener doble nacionalidad, que vive en la misma casa hace 47 años, tener hijo y nietos en el país, por lo que “lo último que yo haría es salir del país. Mis actos han sido intachables”.
El empresario Samir Atala, hijo de Atala Herrera, dijo sentirse consternado porque “jamás he participado en el sector público”. “No entiendo cómo pueden decir que soy parte de una Organización Criminal, pero la única verdad es que fui incluido por ser titular de la cuenta en un banco”, adujo.
Oswaldo Plascencia, ex funcionario del gobierno aprista, rechazó ser parte de una organización criminal al interior del Ministerio de Transporte de Comunicaciones.
“Toda mi vida se encuentra aquí en Perú y vivo en mi casa hace 15 años. Las veces que salí de Perú es por temas profesionales”, afirmó.
“Estoy aquí porque me imputan actos colusorios, pero ningún funcionario de Odebrecht ha dicho que me conoce. Es falso que haya expedido un marco normativo para las licitaciones”, sostuvo a su turno Jorge Menacho.
Finalmente, Raúl Torres, afirmó no tener nada que ver “con una supuesta organización criminal”.
“Estudié en Estados Unidos, todos pagados con becas. Siempre quise servir al país, no tener dinero. No lo tengo. Llegué a Provías hace 16 años por el programa Caminos Rurales”, narró.
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En la audiencia del lunes, Cinthya Yanelli, defensora de Nava Guibert, indicó que el cargo de su patrocinado no le permitía interferir en la licitaciones del Estado.
El último lunes 22 de abril, el primer día de la audiencia, Kelly Montenegro, abogada de Atala Herrera y Atala Nemi, aseguró que los US$1,2 millones que se hallaron en cuentas de sus patrocinados en Andorra fueron parte del pago de una deuda que le tenía un consorcio.
Durante la audiencia de ayer, el abogado y ex ministro Aurelio Pastor, defensor de Oswaldo Plasencia, manifestó que este último no fue sindicado ni mencionado por el ex director de Odebrecht en el Perú Jorge Barata.
En tanto, Gladys Grados, defensa de Raúl Torres, aseguró que la designación de su cliente como director de Provías Nacional no fue parte de un acuerdo colusorio.
Sin embargo, el fiscal superior Hernán Mendoza insistió en que todos los investigados conformarían una organización criminal que se coludió para beneficiar a la empresa Odebrecht con las licitaciones de proyectos estatales.