En su último día como presidente, Alejandro Toledo Manrique abandonó Palacio de Gobierno en medio del trajín del cambio de mando. “La historia me juzgará”, expresó ante la prensa, que intentaba hurgar en sus planes a futuro. Casi 11 años después, en enero del 2017, una declaración del exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, aceleraría el juicio de la historia: según el brasileño, la empresa constructora pagó 20 millones de dólares a Toledo a cambio de la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interocéanica.
Este jueves 24 de octubre, Alejandro Toledo cumplirá 100 días detenido, a más de 7 mil kilómetros del Perú.
El 13 de enero del 2017, Toledo tomó un vuelo en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con destino a Estados Unidos, vía Panamá. Nunca volvió al Perú.
Mientras en el Perú le esperaba una orden de prisión preventiva dictada en febrero del 2017, al expresidente se le vio disfrutando de la playa en Miami Beach, comprando cervezas en un supermercado y cenando en un lujoso restaurante en Palo Alto. En este último evento, un ciudadano chileno lo reconoció y, celular en mano, le increpó las acusaciones por el caso Odebrecht.
“La impunidad de la que disfruta no la iba a tolerar”, dijo luego el joven a Canal N. Más de dos años antes, en un foro anticorrupción celebrado en la Universidad el Pacífico, Toledo pronunciaba una frase similar: “Lo que no se puede permitir es la impunidad”.
Mientras tanto, el trámite de extradición de Toledo ante las autoridades norteamericanas recién fue formalizado en marzo del 2018, más de un año después de su huida. En febrero del 2019, una encuesta de El Comercio-Ipsos reflejaba la desesperanza de los peruanos: 49% creía que el proceso de extradición tendría resultados adversos.
La mañana del martes 16 de julio del 2019, miembros del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos tocaron la puerta de la casa de Alejandro Toledo, ubicada en la dirección 1370 Trinity Dr. Menlo Park, California, donde vivía con su esposa Eliane Karp desde hacía más de un año. El expresidente de 73 años fue arrestado con fines de extradición y su domicilio registrado por el FBI. En la resolución judicial que ordenaba la detención, la justicia americana lo calificaba como “fugitivo”.
—La batalla por la libertad: intento número 1 —
Tres días después de ser detenido, en el edificio federal Phillip Burton, en el centro de San Francisco, se desarrolló la primera audiencia del caso Toledo. En esta, el juez Thomas S. Hixson, de la Corte del Distrito Norte de California, debía decidir entre confirmar la detención del expresidente u otorgarle la libertad bajo fianza.
Aquel día, Alejandro Toledo ingresó a la sala sin esposas, pero con un traje rojo de presidiario, color que indica el estatus de recluso de alto riesgo.
En las audiencias del caso Toledo, está prohibido tomar fotografías o grabar audios y videos. Por ello, la única manera de hacerse una idea gráfica sobre lo ocurrido ha sido mediante las ilustraciones de Vicki Ellen Behringer, una artista norteamericana que, con cartulinas y lápices de colores, retrata las escenas judiciales que ocurren en las salas de la Corte del Distrito Norte de California. “Él solo estaba prestando atención al juez. No había ninguna expresión real en su rostro”, dijo Behringer a El Comercio tras la primera audiencia.
Toledo había contratado para su defensa a un abogado estadounidense de élite, Joseph P. Russoniello, miembro de una de los estudios jurídicos más prestigiosos de San Francisco y Los Ángeles. Durante la audiencia, Russoniello sugirió que Toledo no conseguiría justicia en el Perú por su origen indígena, e hizo alarde de sus supuestos aciertos en el terreno político. “Cuando fue presidente, la economía mejoró en Perú. Bill Clinton y otros suscriben su libro, donde explica lo que hizo como presidente”, afirmó.
Sin embargo, los argumentos de la defensa no bastaron para convencer a Hixson de devolverle la libertad bajo fianza al exmandatario peruano.
“Sería un fracaso diplomático significativo para los Estados Unidos que Toledo se escapase”
Juez Thomas Hixson
Entre los principales argumentos que respaldaron su decisión, Hixson se refirió al hallazgo por parte del FBI de US$40.000 dentro de una maleta en la casa de Toledo y Karp al momento de la detención, hecho que intensificaba la sospecha de un intento de fuga.
“Ordeno que el señor Toledo continúe detenido”, sentenció. Afuera del edificio Phillip Burton, peruanos expatriados agitaban camisetas blanquirrojas.
Aquel día, el coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, había acudido a la audiencia en calidad de espectador. Al salir de la Corte, Eliane Karp arremetió furibunda contra el fiscal: “¡Mentiroso, hijo de p***! ¡Eres un ladrón!”, le gritó. Días antes, luego de la detención de su esposo, la exprimera dama había intentado eludir las preguntas de un periodista de “Panorama” mediante la hoy célebre frase “I don’t speak spanish”.
Tras la decisión del juez, Russoniello abandonó la defensa de Toledo. Posteriormente, bajo el argumento de una supuesta insolvencia económica, el exmandatario solicitó que se le otorgue defensa gratuita por parte de un abogado público. Desde entonces, su defensa está a cargo del abogado de oficio Graham Archer.
Una encuesta de Ipsos para El Comercio reveló días después que tan solo el 1% de peruanos creía que Toledo era inocente.
—El segundo intento —
El jueves 29 de agosto, poco menos de un mes y medio después de haber sido detenido, la defensa de Toledo volvió a tentar la libertad bajo fianza.
Mediante un documento dirigido al juez Thomas Hixson, el expresidente intentó probar que no fugaría de los Estados Unidos mientras se realiza su proceso de extradición. “Mi esposa y yo no tenemos intención de vivir en ningún otro lugar que no sea California. Quiero que esté usted seguro de ello”, consignaba el escrito. Toledo, incluso, señaló estar dispuesto a portar un GPS para ser monitoreado.
Tras escuchar a ambas partes, el juez determinó que anunciaría su fallo el siguiente 12 de setiembre. El día llegó y la decisión confirmó la anterior: Alejandro Toledo seguiría detenido en la cárcel californiana de Santa Rita. “Voy a negar reconsideración, porque Toledo no ha demostrado que no hay riesgo de fuga”, indicó el juez Hixson al dar a conocer su decisión.
Una vez más, la decisión judicial provocó el exabrupto de la exprimera dama, quien se desvaneció entre gritos en plena sala. "¡Ustedes serán moralmente responsables por su muerte!", exclamó mientras era retirada por la fuerza por el personal de seguridad.
Según la ilustradora Vicki Behringer, en comparación de las otras audiencias, en esta Alejandro Toledo lucía abatido.
—Tercer round —
El 9 de octubre, el abogado de oficio a cargo de la defensa de Toledo, Graham Archer, apeló la decisión del juez Hixson de negarle la libertad bajo fianza. Por tratarse de una apelación, esta vez la insistencia sería evaluada por un magistrado distinto de la Corte del Distrito Norte de California: Vince Chhabria.
Esta vez, un informe elaborado por el psiquiatra de la prisión de Santa Rita dibujó un halo de esperanza sobre Alejandro Toledo. Según el documento el confinamiento en solitario al que se encontraba sometido el expresidente estaban ocasionando deterioros en su salud mental.
“He visto un desplome en el interés del Sr. Toledo por mantener sus condiciones de aseo e higiene (…) He visto una marcada desmoralización, junto a un incremento significativo en su ansiedad y su depresión. He aumentado la medicación del Sr. Toledo debido a este aumento de la ansiedad y la depresión, pero esto solo es como ponerle una ‘curita’ a una herida abierta”, se lee en el reporte al que tuvo acceso El Comercio.
Desde que fue detenido, Alejandro Toledo permaneció recluido en una celda de menos de 10 m2 en la cárcel de Santa Rita, California, uno de los centros penitenciarios con mayor índice de muertes en Estados Unidos. Su régimen carcelario de aquel momento no le permitía tener interacción con ninguna persona y le asignaba solo una hora de patio al día.
Este sistema, sin embargo, se debe a una solicitud de protección especial que fue solicitada por el mismo Toledo, dada su condición de expresidente. Santa Rita no tiene otro régimen de protección especial que no sea el de aislamiento.
“La mayoría de personas está de acuerdo en que estar en confinamiento solitario está muy cerca de la tortura. ¿Por qué, entonces, no debería ser esta una circunstancia especial que justifique su liberación?”, preguntó el juez Chhabria. Luego, ordenó que Toledo sea liberado bajo fianza este 22 de octubre, a menos que el gobierno estadounidense cambie su régimen penitenciario por uno menos severo.
Tras el anuncio del juez Chhabria, el 11 de octubre Toledo fue trasladado a la cárcel de Maguire, en el condado de San Mateo, una prisión cuyas condiciones carcelarias serían más benignas que las de Santa Rita. Este lunes, además, la fiscal estadounidense a cargo del caso, Elise LaPunzina, presentó una moción solicitando dejar sin efecto la resolución que ordena su libertad de Alejandro Toledo. En dicho documento, señala que el expresidente realizó más de 100 llamadas durante 10 días, del 11 al 21 de octubre, aunque no especifica a qué personas o países corresponden los teléfonos.
Antes del 29 de octubre, Chhabra evaluará si es que, en efecto, las nuevas condiciones carcelarias de Toledo ameritan que se mantenga en prisión. De lo contrario, podrá ser liberado bajo fianza mientras dure el proceso de extradición.
Según un informe elaborado por el estudio jurídico estadounidense Foley Hoag para el Estado peruano, el proceso completo de extradición podría tomar entre 2 a 7 años, en caso existan apelaciones.
—La nueva cárcel —
Tras la posibilidad de que Alejandro Toledo sea puesto en libertad, la fiscalía a cargo del caso logró efectuar su traslado a la cárcel de Maguire, en el condado de San Mateo. Una prisión que Toledo ya conoce, pues el pasado marzo pasó allí la noche luego de ser detenido por encontrarse en estado de ebriedad en un local público.
Si bien Heriberto Benítez, abogado de Toledo, ha señalado que en la nueva prisión “igual lo mantienen aislado”, la situación sería bastante menos dramática en el nuevo centro penitenciario. Bajo el nuevo régimen carcelario, el expresidente tiene acceso a llamadas telefónicas ilimitadas, así como a dos visitas por semana. De hecho, Eliane Karp ya visitó a Toledo en la nueva prisión en dos oportunidades: el 18 y el 19 de octubre.
Según el documento presentado por la fiscalía estadounidense el último lunes, en la cárcel de Maguire el ex Jefe de Estado tiene una celda más grande y goza de más horas de patio que los internos comunes.
—Una vez más, el dinero —
Desde los inicios del caso Ecoteva, cuando las contradicciones sobre el origen de los fondos con los que adquirió los famosos inmuebles de Casuarinas y la oficina de la Torre Omega multiplicaron las sospechas de corrupción, las incógnitas sobre el dinero de Alejandro Toledo han marcado el paso de las investigaciones en su contra. Hoy, detenido en los Estados Unidos, las idas y vueltas sobre la situación económica y patrimonial del expresidente vuelven a jugar un papel crucial en el marco de su proceso de extradición.
Durante distintas audiencias en la Corte del Distrito Norte de California, la supuesta insuficiencia de recursos económicos del expresidente ha servido de argumento por parte de su defensa para sostener una imposibilidad de fuga. Ello a pesar de haberse encontrado un maletín con 40,000 dólares en su domicilio en San Francisco el día de su detención.
Asimismo, la misma supuesta falta de fondos fue el motivo utilizado por Toledo para solicitar un abogado público para su proceso de extradición.
Sin embargo, el último viernes se conoció que las autoridades estadounidenses encontraron que Toledo y su esposa, Eliane Karp, contaban con más de un millón de dólares en cuentas bancarias en junio, es decir, un mes antes de su detención.
Por ello, la fiscal LaPunzina ha solicitado a la Corte del Distrito Norte de California reconsiderar la decisión de otorgarle defensa gratuita al expresidente. Según esta, el pasado 11 de octubre Eliane Karp solicitó a la corte la devolución de 44,261 dólares y 2,550 euros incautados en su domicilio durante la detención de su esposo.
LaPunzina, además, interrogó a la propietaria del inmueble alquilado por Toledo y Karp en San Francisco, quien señaló que el contrato de arrendamiento fue renovado recientemente por 6,500 dólares mensuales. Asimismo, afirmó que Karp le pidió no dar a conocer el monto de la renta si es que se le consultaba.
Alejandro Toledo es acusado de presuntamente haber recibido más de US$20 millones en coimas de la empresa Odebrecht, a cambio de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica. La obra fue anunciada como “la carretera más importante para el desarrollo del Perú”.