La Sala Penal Especial de la Corte Suprema ratificó el último miércoles por unanimidad la resolución emitida en octubre del 2018 por el juez supremo de Investigación Preparatoria Hugo Núñez Julca, quien anuló el indulto humanitario que el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) otorgó al ex mandatario Alberto Fujimori.
La sala estableció que Fujimori Fujmori deberá seguir cumpliendo su condena de 25 años de cárcel por los casos Barrios Altos y La Cantuta en el penal de Barbadillo –en la Diroes de Ate–, a donde reingresó el 23 de enero luego de que le dieran el alta médica en la clínica Centenario de Pueblo Libre.
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Cabe recordar que el ex jefe de Estado estuvo internado en este centro de salud desde el 3 de octubre del año pasado, día en que el juez supremo de investigación preparatoria Hugo Núñez anuló la gracia presidencial.
Al respecto, El Comercio consultó con los abogados penalistas Luis Lamas Puccio y Romy Chang así también con el ex procurador Iván Montoya para conocer los argumentos de este pronunciamiento y qué caminos que le quedarían al ex presidente para recuperar su libertad.
Para Luis Lamas un punto de fondo que se aclaró en la resolución es el tema administrativo del indulto. El abogado penalista explicó que la sala demostró que hubo vicios en la verificación del estado de salud del ex mandatario y que los argumentos que se dieron desnaturalizaban el sentido humanitario que debió tener.
“Se demostró que no era [...] lo que se afirmaba, que no estaba en una situación, vamos a decir, de enfermedad terminal ni gravemente enfermo, [sino que] era un deterioro normal producto del envejecimiento [de Alberto Fujimori]“, afirmó.
Agregó que el fallo también desmiente el argumento de que lo resuelto por el ex presidente PPK era una decisión de “términos absolutos”.
“Cualquier resolución incluso del más alto nivel, como la del ex presidente, necesitan [...] algún tipo de control o de cuestionamiento y en eso radica fundamentalmente [en] lo decidido por la corte suprema”, aseveró.
Del mismo modo, la abogada penalista Romy Chang manifestó que el fallo descarta el argumento del abogado del ex mandatario, César Nakazaki, quien afirmaba que el caso no lo debía ver un juez de Penal, sino una de la Corte Constitucional a través de acción de amparo.
En tanto, el ex procurador Iván Montoya dijo que la sala resolvió de forma correcta y los descargos expuestos son los que se esperaban en una situación como esta. En especial, aclarando que era falso el argumento de que el caso de Alberto Fujimori no lo podía resolver un juez penal, sino uno de la vía constitucional.
“La Constitución habla de que todos los jueces, no especifica las materias, tienen el deber de hacer un control difuso y, por tanto, tienen que hacer interpretaciones conforme a la Constitución y, si uno hace interpretaciones conformes a la Constitución, tiene que hacer también interpretaciones conformes a la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH)”, detalló.
-Los otros involucrados-
Sobre los alcances que podría tener este fallo en los involucrados en la gracia otorgada al ex presidente Fujimori Fujimori, Lamas manifestó que se debería profundizar la investigación sobre el rol que tuvieron las personas que participaron en esta.
“En el hipotético caso que se demostrara que ha habido un procedimiento fraudulento, evidentemente eso tendría que ser motivo de una denuncia contra PPK, pero tendría que tramitarse el antejuicio”, aseveró Lamas Puccio.
Por su lado, Montoya aseveró que la investigación incluso debería comprender a la Clínica Centenario, ya que este centro de salud debe explicar el por qué se demoró tanto en dar de alta al ex mandatario.
-Las alternativas de Fujimori para recuperar su libertad-
Los tres especialistas afirmaron que la vía judicial para el ex mandatario se agotó en este caso y solo le quedaría esperar que prospere el proyecto de ley que plantea que los reos adultos mayores recuperen la libertad antes de cumplir el total de sus condenas, norma que podría beneficiar a Alberto Fujimori.
“Necesitamos algunos parámetros para [asegurar de] que si se va a emitir una ley para que no sea [uno] con nombre propio, sino que sea, de aquí en adelante, una suerte de humanidad en el cumplimiento de las penas”, remarcó Montoya.
Lamas añadió que el ex mandatario también podría interponer un recurso de hábeas corpus en el Tribunal Constitucional, pero afirmó que este proceso sería largo.
“Cabe la posibilidad de cuestionar el contenido, pero esos cuestionamientos pueden ser la base para una acción de carácter constitucional”, acotó.