El Poder Judicial ordenó este miércoles la excarcelación del ex primer ministro César Villanueva para que cumpla detención domiciliaria por un plazo de 18 meses, en el marco de las investigaciones por el caso Odebrecht.
La Primera Sala de Apelaciones tomó esta decisión luego de la audiencia desarrollada ayer, donde César Villanueva dijo a los jueces -a través de una videoconferencia- que su salud corre riesgo en el penal Miguel Castro Castro, entre otros motivos. Según señaló el centro penitenciario no cuenta con médicos especializados ni equipos adecuados para tratar sus problemas de salud.
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"A esto [su estado de salud] se suma ahora el riesgo del coronavirus, donde acá [en el penal] tanto internos como técnicos y autoridades, no hay rangos, hemos formado un grupo para defendernos lo máximo posible de estos riesgos, pero usted sabe que es un virus desconocido y que puede ser fatal frente a una situación de esta naturaleza”, afirmó en la audiencia.
En declaraciones a El Comercio, Jaime Bustamante, abogado de Villanueva, indicó que su defendido aún no conoce la noticia de su excarcelación, pero sus familiares ya están al tanto. Agregó que la salida del centro penitenciario dependerá del pago de la caución y el informe que brinde la Policía sobre las condiciones del domicilio de Villanueva.
De acuerdo a la resolución de la Primera Sala de Apelaciones, a la que pudo acceder El Comercio, se sustituirá la orden de prisión preventiva que se dictó en diciembre del año pasado contra Villanueva Arévalo.
La sala presidida por el juez superior Ramiro Salinas Siccha, ofició la resolución a la Dirección de Seguridad de Penales de la Policía Nacional del Perú para el procedimiento respectivo en el domicilio donde Villanueva cumpliría con el arresto domiciliario, ubicado en el distrito de Magdalena. Se revisará si la vivienda cumple con las condiciones de seguridad necesarias.
Los magistrados también han impuesto distintas restricciones contra el ex primer ministro, como: la prohibición de comunicarse por cualquier medio con los coimputados o cualquier otra persona vinculada a la investigación como testigos o peritos; y la prohibición de concurrir y dar información por cualquier medio de los pormenores de la presente investigación a los medios de comunicación.
Contra Villanueva además se ha impuesto el pago de una caución por S/100 mil. “Esta caución debe depositarse en el Banco de la Nación a nombre del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior Especializada en Delitos de Crimen Organizado y de Corrupción de Funcionarios en el término de 8 días de notificada la presente resolución”, se precisa en la resolución.
El abogado de Villanueva señaló que, aunque se precisa que el pago de la caución deberá ser en efectivo, consultará al Poder Judicial si es posible cancelar el monto a través de algunos bienes a nombre de Villanueva.
En su resolución, la sala tomó en cuenta la pandemia generada por el COVID-19. Indicaron que, aunque la defensa de Villanueva no haya mencionado la situación de emergencia para sustentar su pedido de variación de prisión preventiva, no podían dejar pasar por alto este panorama.
“De modo que se toma en cuenta esta situación de pandemia para resolver la incidencia, pues si bien todavía, al parecer, no existe un infectado en los centros penales del país, el peligro es latente para las personas mayores con enfermedades graves preexistentes como las tiene el investigado Villanueva Arevalo”, anotaron.
El también ex gobernador regional de San Martín es investigado por los presuntos delitos de colusión, negociación incompatible y asociación ilícita. De acuerdo a la tesis fiscal, Villanueva recibió pagos de Odebrecht a cambio de favorecerla con la adjudicación de la carretera San José de Sisa.
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