A través de un oficio enviado en la víspera, la Defensoría del Pueblo exhortó al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) a no divulgar la información obtenida en el Censo 2017 de forma individualizada o que permita individualizar a las fuentes.
Asimismo, pidió al INEI adoptar los máximos niveles de seguridad que garanticen la total confidencialidad de los datos personales y/o sensibles de la población. Además, recomendó que la información obtenida, previo tratamiento de anonimización, sea de acceso al público en general.
En su oficio, la Defensoría resalta precisamente que el Censo 2017 ha recogido datos personales (nombre, dirección, documentos de identidad) y datos sensibles (autoidentificación étnica, opiniones religiosas, entre otros) de los ciudadanos, los cuales deben ser protegidos.
La exhortación de la Defensoría se da a raíz de cuestionados convenios firmados por el INEI para el Censo, por ejemplo con las universidades César Vallejo y Telesup, vinculadas respectivamente a los políticos César Acuña y José Luna.
En esa línea, la Defensoría del Pueblo destaca que las obligaciones contraídas por el INEI deben ser conforme a la Constitución y a los derechos fundamentales que esta protege. Por ello, sería nula toda cláusula cuya aplicación o interpretación pudiera conllevar a la entrega de información contenida en bases de datos y otros soportes.
—Llamado al Minjus—La Defensoría también exigió a la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, entidad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, adoptar las acciones orientadas a garantizar el derecho de los ciudadanos a mantener la confidencialidad de su información personal y sensible.Asimismo, pidió ser informada de las medidas que serán adoptadas por la citada dirección para garantizar el derecho fundamental de protección de datos personales de la población censada.