El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, buscó acreditar a un abogado para que ejerza su “defensa técnica” en la investigación sobre la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, que realizan las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez.
El 19 de noviembre, Pedro Chávarry envió una comunicación, dirigida a la fiscal Sandra Castro, en la que señala que “designa” a un abogado con el “fin de tomar conocimiento directamente de los actos de investigación celebrados, además de los que se estarían actuando en estos momentos en su despacho, los cuales, supuestamente me estarían involucrando en la presente carpeta fiscal”.
El documento menciona el informe complementario que, en agosto pasado, la fiscal Anticorrupción del Callao, Sandra Castro, remitió al entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.
Según lo que publicó en aquel momento El Comercio, ahí se señala que Pedro Chávarry, junto a otros 11 altos funcionarios, como jueces y fiscales supremos y ex integrantes del CNM, serían parte de la organización Los Cuellos Blancos del Puerto.
Fuentes del Ministerio Público informaron a El Comercio que Chávarry debe conocer los procedimientos y lo que estipulan las normas en el sentido de que las fiscales provinciales no pueden investigarlo por su condición de alto funcionario.
Las mismas fuentes, anotaron, que las fiscales habrían respondido que Chávarry no figura en su carpeta fiscal y no pueden investigarlo por su condición de alto funcionario.
El Comercio buscó comunicarse directamente con el fiscal de la Nación, pero no respondió. También contactó a la Oficina de Imagen Institucional del Ministerio Público, donde se indicó que se iba a realizar la consulta.
Opinión de penalistasConsultados por este Diario, los penalistas Carlos Caro y Luis Lamas Puccio coincidieron en que no corresponde que el fiscal de la Nación acredite a un abogado porque no tiene condición de investigado, lo que podrá ocurrir recién cuando prospere su desafuero en el Congreso de la República.
Caro indicó que en esta primera instancia Chávarry es testigo y como tal no tiene derecho a acreditar un abogado. “Y si el Congreso lo desafora, lo tendría que investigar un fiscal supremo, que para este caso es Pablo Sánchez”, agregó.
Lamas Puccio subrayó que recién cuando se formalice una investigación contra Chávarry le asistirá el derecho, como a cualquier ciudadano, a delegar un abogado. “Mientras eso no suceda no se puede, es un requisito fundamental. Si a mí me mencionan [en un informe] que estoy vinculado a una actividad, eso no es suficiente”, añadió.