“Nos iniciaron investigaciones internas [como en la gestión del exfiscal de la Nación Pedro Chávarry]. Eso se está repitiendo”

MIRA: Presidenta de la JNJ: “[Lo que hace el Congreso] afecta la independencia del sistema de justicia”

— En la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público hay tres procesos abiertos contra usted. ¿Se están realizando de forma regular o hay indicios de fines subalternos?

Hay una coyuntura específica, que no es coincidencia. Todo este proceso de hostilización comienza con la llegada al país de Alejandro Toledo como extraditado.

A partir de esa situación, se abrió una investigación al fiscal José Domingo Pérez y contra mí. Y luego se reactivó una indagación que estaba pendiente de decisión.

[...] Se han retipificado las conductas para tratar de hacerlas calzar dentro de una falta grave o muy grave porque esas son las que tienen consecuencias sobre la estabilidad en el cargo.

[Nota del redactor: el fiscal Vela se refiere al comentario que hizo sobre la presencia de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, junto al expresidente Toledo, cuando este llegó arrestado a Lima].

— ¿Esta situación es similar a lo que sucedió cuando el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry intentó removerlo a usted y al fiscal Pérez de sus cargos, en la víspera del Año Nuevo del 2019?

Sí, tiene el denominador común de que también se nos iniciaron investigaciones internas durante la gestión del destituido y condenado Pedro Chávarry.

Efectivamente, también se usaban las oficinas de control interno como parte de la hostilización hacia los operadores de justicia que tenían responsabilidades con los casos que eran transversales a la política.

Entonces, evidentemente eso se está repitiendo, con la diferencia de que ahora la Autoridad Nacional de Control es un ente autónomo, que no tiene dependencia de la Fiscalía de la Nación; pero que puede encarnar el abuso de poder, conseguir decisiones que también terminan generando una consecuencia para la Fiscalía de la Nación. Porque si un fiscal es suspendido o se busca su destitución, evidentemente será removido de su puesto.

"Se han retipificado las conductas [bajo investigación] para tratar de hacerlas calzar dentro de una falta grave o muy grave porque esas son las que tienen consecuencias sobre la estabilidad en el cargo".

— ¿En la actualidad qué sectores considera que estén interesados en su salida del cargo que tiene en la fiscalía?

[Como parte de la instrumentalización de la política con fines personales] puede subyacer la búsqueda de retirar a los fiscales que están liderando las investigaciones o que tengan que sustentar las acusaciones de casos de criminalidad organizada, que alcanzan a políticos con representación parlamentaria.

Algunos de ellos son los investigados Vladimir Cerrón, Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga, José Luna Gálvez.

— Con el cambio de gobierno en diciembre pasado, ¿hubo algún cambio interno en las pesquisas que desarrollan las fiscalías contra el lavado de activos?

No podría comentar al respecto porque no tengo esa responsabilidad. Sí, es verdad que en el sistema el lavado de activos me toca complementar y liderar investigaciones de muy alto perfil, como a la señora Dina Boluarte [actual presidenta de la República], al señor Vladimir Cerrón [máximo dirigente del partido Perú Libre] y otras personas relacionadas con actividades criminales previas de corrupción de funcionarios.

[Me refiero a] la denominada organización criminal ‘Los dinámicos del centro’, que viene investigando el fiscal Richard Rojas y, en el caso de mi despacho, en segunda instancia estamos dentro de la indagación correspondiente para determinar que efectivamente existieron financiamiento o ingresos de dinero que pueden provenir de una actividad ilícita, como se puede ver en el caso del lavado de activos o incluso también del financiamiento ilegal de campaña.

Estamos dentro del marco de esa investigación que ciertamente tiene personajes políticos que están dentro del ejercicio del gobierno, en muy alto perfil.

Sin embargo, siempre prevalece la autonomía fiscal como corresponde, es decir todos esos procesos están siendo impulsados, pero sin duda también por supuesto corresponde siempre estar atento a lo que pudiera ser la intromisión, el abuso o la posibilidad de que estas investigaciones no puedan ser llevadas a cabo con objetividad a partir de lo que pueden ser perturbaciones con la autonomía fiscal. Es decir, con el relacionamiento de lo que es la politización de la justicia o el abuso de poder.

Por esa razón, siempre estamos atentos a estas campañas de desprestigio y demolición de quienes investigamos.

— Sobre la mandataria Dina Boluarte, el caso de lavado de activos por el que es investigada se inició antes de que asumiera la presidencia de la República. Ahora que ella ostenta la máxima magistratura del país, ¿continúa el mismo impulso en las pesquisas o hubo alguna variación?

No. De hecho, a la señora Boluarte se le han ampliado cargos [penales], también dentro ya del ejercicio de su condición de presidenta constitucional.

Nosotros venimos trabajando con absoluta autonomía. Sin duda, si existiera alguna perturbación [en el desarrollo de la labor fiscal], inmediatamente se lo informaríamos a la fiscal de la Nación [Patricia Benavides].

Lo que sí existe, de manera evidente, para los fiscales que estamos dentro de estas circunstancias, es una campaña de demolición [por determinados medios de comunicación]. Además, [de forma simultánea] se abrió procesos disciplinarios y la formulación de denuncias falsas [en contra de nosotros].

Esta situación lleva a poner en grave riesgo la autonomía fiscal, la estabilidad en los cargos y que despierta también la preocupación de los propios organismos internacionales que buscan tener una mayor profundidad de información e identificar de dónde provienen estas campañas de desprestigio. Existe un muy alto riesgo para la independencia de los operadores de justicia en el país.

— En el caso de la inhabilitación de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos por parte del Congreso, se difundió que algunos asesores de la actual titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, visitaron a algunos legisladores que impulsaron esa medida contra la exmagistrada. ¿Es una muestra más de la politización de la justicia, como usted ha señalado en otras situaciones?

Son hechos de los que yo no tengo conocimiento. No podría opinar sin tener mayores elementos al respecto. Eso está dentro del desarrollo de las noticias y de lo que el periodismo de investigación puede hacer.

Lo que sí puedo decir es que la politización de la justicia existe, como un fenómeno que además es objeto de preocupación por parte del sistema interamericano de derechos humanos, por el tribunal europeo de derechos humanos. Esto porque es un fenómeno que, además, está vinculado al ejercicio abusivo del poder y que, como tal, siempre hay una asociación que involucra precisamente a los operadores de justicia, que no tienen esa garantía para hacer su trabajo, sin otra consecuencia que dedicarse específicamente a sus tareas y labores.

Entonces, siempre hay una preocupación de que la política no invada precisamente esos fueros de autonomía, de independencia y que por el contrario, exista un respeto irrestricto en lo que significan los balances y el equilibrio de poderes, y de incluso autonomías de órganos constitucionales esenciales, como es el Ministerio Público.

— Las investigaciones en curso en el sistema de lavado de activos, que implican a personas de alto perfil, ¿cómo serían afectadas con su posible remoción?

Nosotros tenemos un trabajo que está en el caso del equipo especial Lava Jato, digamos, en una fase de mayor madurez. Hay 15 megacusaciones que han sido estructuradas bajo la responsabilidad y bajo el liderazgo de distintos fiscales.

Y por supuesto, en mi condición de fiscal superior yo he visto todas esas investigaciones en segunda instancia. Evidentemente, la posibilidad de que un fiscal pueda ser removido de su cargo está siempre dentro de lo posible.

Lo que se debe buscar es que exista una garantía de que el fiscal solamente sea removido si es que ha cometido algún tipo de inconducta funcional grave, que justifique su remoción o la posibilidad de su salida del cargo. O que, eventualmente, pueda tener alguna circunstancia contingente, como podría ser una enfermedad o algún hecho fortuito o colateral.

La gestión en general, de quienes tenemos este tipo de responsabilidades, es plural porque somos un equipo.

Pero aquí lo que se intenta transmitir no es que un personaje pueda ser insustituible, sino que este pueda ser removido a través del abuso del poder.

Nadie es indispensable, eso es cierto, pero el abuso de poder condiciona el trabajo del fiscal para que, eventualmente, pueda darse la probabilidad de que quien llegue no necesariamente continúe con el trabajo, que es una responsabilidad que se ha trabajado durante mucho tiempo.

De tal manera, no es que exista tampoco un arraigo desvinculado de una responsabilidad. Por el contrario, lo que se busca es que si un operador de justicia debe ser removido, lo sea por una razón proporcional y razonable.

Aquí lo que se busca es afectar al equipo, pero no por un hecho de una consecuencia de esta naturaleza, sino para precisamente desmantelarlo y afectarlo desde dentro.

Si se cambia un operador de justicia para que ingrese otro que ya no persiga el delito, y que más bien establezca la posibilidad de la impunidad, sí se está instrumentalizando el ejercicio del poder y eso precisamente es lo que nosotros denunciamos.

Atendemos a que la demanda ciudadana es de una justicia pronta. Por esa razón, propendemos a que los juicios se lleven a cabo y que se nos permita culminar con nuestro trabajo, como corresponde. Hacernos cargo de nuestras responsabilidades, pero sin intromisión y sin abuso de poder.

Reitero, no es que seamos indispensables, sino que lo que se busca es afectar un grupo para precisamente buscar infiltrar y propender hacia la impunidad de estas graves conductas. Y eso es evidentemente, una instrumentalización y un abuso del poder que está vinculado al fenómeno de la politización de la justicia.