El 2018 fue un año agitado en el Congreso, que se inició con la resaca del primer intento de vacancia. En el tercer mes un segundo intento desencadenó la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski. En medio de las pugnas internas y externas de Fuerza Popular, la agenda legislativa no estuvo ajena a las críticas.
Tres especialistas analizan lo mejor y lo peor de la producción legislativa en este año que se inició con la gestión de Luis Galarreta y finaliza bajo el mando de Daniel Salaverry.
Tres iniciativas positivas
José Carlos Saavedra, socio de Apoyo Consultoría:
1. Eliminación de exoneraciones tributarias en Loreto. Estudios demuestran que las exoneraciones a la selva no han cumplido con su promesa de generar desarrollo. Cambiarlas por obras públicas es una excelente noticia y, ojalá, el inicio de un proceso más amplio de racionalización de las exoneraciones.
2. Ley que crea la autoridad autónoma de transporte urbano.Esto permitirá desarrollar medidas integrales para agilizar el flujo vehicular, incluyendo la formulación de un plan de movilidad urbana y el desarrollo de proyectos de infraestructura. Es un gran paso para acabar con las combis asesinas.
3. Marco legal para asegurar la reparación civil frente a casos de corrupción.No es perfecta, pero esta ley permite asegurar el pago de la reparación civil, cuantificar el impacto económico en las empresas, dar continuidad a la cadena de pagos y evitar la paralización en la ejecución de grandes proyectos.
Fernando Cáceres, presidente de Contribuyentes por Respeto:
1. Ley que reduce la inmunidad parlamentaria.Este proyecto de Edgar Ochoa (Nuevo Perú) elimina la inmunidad de proceso (los legisladores podrían ser procesados sin permiso del Congreso), inaplica la inmunidad de arresto en casos de flagrancia y permite renunciar a la inmunidad, entre otros cambios.
2. Ley que crea la autoridad autónoma de transporte urbano.Hacía años que era evidente que al menos parte de la solución tenía que pasar por crear esta autoridad. La opinión de la mayoría de urbanistas coincidía en que el modelo fragmentado de decisiones hace el sistema más ineficiente.
3. No reelección de congresistas.Más allá de sus problemas técnicos, fue el proyecto del año. Hago una excepción a los criterios antes descritos, para destacar el lado positivo de esta ley. Fue la clave para que Martín Vizcarra logre canalizar el descontento de la ciudadanía ante el Congreso.
Darío Pedraglio, Parlamento Abierto (ESAN-50+1):
1. Ley que crea la autoridad autónoma del transporte urbano.El dictamen aprobado consensuado condensa cinco proyectos de ley, lo que denota un esfuerzo por conciliar diversos puntos de vista. Remitido al Poder Ejecutivo el 10 de diciembre, esta norma aún espera por su promulgación.
2. Prohibición de plásticos.La ahora Ley 30844 se origina en veinticuatro proyectos de ley. Promulgada rápidamente por el Poder Ejecutivo, implica varias adecuaciones de las industrias y comercios, para lo que se ha estimado un plazo razonable para su reglamentación.
3. Supervisión de cooperativas.Aprobada tras un largo y encendido debate público, por resistencias provenientes –principalmente– de Miguel Torres (Lima, Fuerza Popular), la Ley 30822 permite la supervisión de cooperativas de ahorro y crédito por parte de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
Tres peores iniciativas
José Carlos Saavedra, socio de Apoyo Consultoría:
1. Pensiones a policías y militares.Consolida un régimen pensionario de lujo para poco menos de 100 mil policías y militares en retiro, imponiendo a los contribuyentes un costo mayor a 1.000 millones de soles anuales. Se aprobó por insistencia, a pesar de que el Congreso no tiene iniciativa de gasto.
2. Combo de mala regulación: estacionamiento, canchita y call centers.Una serie de leyes que interfieren innecesariamente en el libre funcionamiento de algunos mercados, la definición de modelos de negocios y, en el fondo, reflejan la falta de análisis costo-beneficio en la producción de normas.
3. Muy malo en potencia: la reposición de profesores sin título. El proyecto pretende reponer de manera automática a casi 15 mil maestros interinos. Ha sido aprobado en comisión pero, de convertirse en ley, terminaría de matar la meritocracia –aún escasa– entre los profesores de sistema público.
Fernando Cáceres, presidente de Contribuyentes por Respeto:
1. Ley de estacionamientos.No buscaba resolver un problema real (algo que de verdad sea un problema), no era respaldada por evidencia empírica o al menos teórica, no siguió un procedimiento legislativo regular y reflexivo (sin exoneraciones) y lamentablemente agrava el problema que pretendía resolver.
2. Ley de financiamiento ilícito.Se podría decir que buscaba resolver un problema real: las irregularidades en los fondos de campaña. Pero fue aprobada al caballazo y solo con votos del fujimorismo, PPK y el Apra y sus particulares efectos beneficiarían directamente a los líderes de esos tres partidos.
3. No reelección de congresistas.Visto con los ojos de la razón, la autógrafa por la que votamos en el referéndum para prohibir la reelección inmediata de congresistas era técnicamente muy pobre. Políticamente, un éxito. Pero los efectos prácticos de esta medida populista nos pasarán factura.
Darío Pedraglio, Parlamento Abierto (ESAN-50+1):
1. Ley que prohibía publicidad estatal.Declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, pretendía prohibir la publicidad estatal. Impedía que las agencias gubernamentales publicaran información vital para la ciudadanía, como cronogramas o precisiones sobre procedimientos.
2. Ley de financiamiento ilícito.Calificada de “nefasta” por el propio presidente del Congreso, la ley fue aprobada con votos de Fuerza Popular, el Apra y Peruanos por el Kambio. Libera de responsabilidad a las organizaciones políticas y a su liderazgo. El presidente Martín Vizcarra ha anunciado que la observará.
3. Compensación por tiempo de servicios (CTS) en Essalud.Modificaba la forma de calcular la CTS para los trabajadores del seguro social. Fue observada por el Ejecutivo, pues resultaba una iniciativa de gasto por parte del Parlamento, lo que trasgredía la restricción constitucional sobre el Legislativo.