La Comisión especial encargada de elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) aprobó la noche del miércoles el reglamento bajo el cual se hará esta selección. Sin embargo, la Contraloría envió este jueves un oficio al congresista Rolando Ruiz (Acción Popular), presidente de dicho grupo de trabajo, manifestando su preocupación por no haberse tomado en cuenta el plazo aprobado en una sesión anterior.
El 6 de octubre, la Comisión especial había acordado fijar el plazo de 15 días hábiles para que la Contraloría examine las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas de los postulantes al TC. Posterior a esta revisión exhaustiva de posibles conflictos de interés, remitiría un informe final.
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En un inicio la Contraloría había solicitado 20 días para hacer esta evaluación. “El contralor ha incidido en el tema de lo complejo que es la revisión de la declaración jurada de interés. Por la experiencia, el plazo [de 15 días] es corto”, detalló en aquella sesión la secretaria técnica de la comisión.
Sin embargo, el reglamento aprobado el miércoles consigna que no serían tampoco 15, sino 8 días el plazo para que la Contraloría remita esta información.
El oficio enviado este jueves y firmado por el contralor general, Nelson Shack, detalla este problema en el documento final del reglamento del TC y solicita que se reconsidere el plazo otorgado.
Asimismo, esta tarde Shack incidió en que el plazo fijado por la comisión no es suficiente. “Están pidiendo que la Contraloría haga un análisis exhaustivo de los posibles conflictos de interés, pero solo nos están dando 8 días y eso es material y técnicamente imposible”, dijo en diálogo con RPP Noticias.
La congresista Rocío Silva Santisteban (Frente Amplio), miembro de la comisión especial, informó a través de su cuenta de Twitter que el reglamento aún tiene errores materiales y por esa razón no lo firmó. “Ayer nos dijeron que se iba a corregir. La congresista María Cristina Retamozo hizo un pedido expreso”, agregó la legisladora.
Advierten premura
El congresista Gino Costa (Partido Morado) advirtió que la sesión del miércoles no fue convocada para aprobar un texto final, sino para continuar con el debate de las sugerencias alcanzadas por otras instituciones, como al Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia, Servir, y otras. La citación también detallaba este tenor de la sesión.
“Ayer se convocó a la sesión y no estaba en agenda que se iba a debatir el texto final, estaba en agenda que se iba a ver el cuadro preparado por la secretaría técnica que contiene todas las modificaciones sugeridas por las instituciones que han opinado. Íbamos a eso, pero leyeron el reglamento y querían ir al voto. Si la secretaría técnica ya hizo el trabajo con los asesores, nos toca hacer el nuestro”, dijo Costa a El Comercio.
En la sesión anterior, la del 6 de octubre, la Comisión especial había empezado el debate con las sugerencias hechas por la Contraloría. Ahí, se aprobaron tres aportes y se rechazaron dos.
Debido a que hubo inconvenientes entre los congresistas miembros de la comisión con la carpeta elaborada por la secretaría técnica -no había sido entregada con antelación a los legisladores para su revisión-, se acordó que primero habría una reunión entre los asesores con dicha instancia para revisar las propuestas.
El congresista Costa comentó que el documento con las modificaciones sugeridas preparado por la secretaría técnica y el anteproyecto del reglamento llegaron a altas horas de la noche del martes: el primero a las 11 p.m. y el segundo casi a la 1 a.m., “sin cumplir el plazo mínimo de 24 horas que se requiere para remitir documentos que van a ser considerados en una reunión”.
El 6 de octubre, el grupo parlamentario había acordado que el sábado 10 los asesores de los congresistas que son parte de la comisión se reunirían con la secretaría técnica para ver las propuestas e incluirlas en el documento a debatir.
Este jueves, el congresista Rolando Ruiz envió un oficio al presidente del Congreso, Manuel Merino, para que esta propuesta de reglamento sea debatida hoy en el pleno, pese al error advertido por la Contraloría.
En diálogo con El Comercio, Ruiz dijo que “definitivamente se ha hecho un reglamento transparente, entendible” pese a las alertas que se recibieron.
Además, señaló que esta comisión ya presentaba demoras para la emisión del reglamento final. “Ya nos habíamos demorado tanto, ya estábamos con un poco de vergüenza después de más de 50 días de haberse instalado la comisión no haber aprobado un reglamento justamente porque queríamos que el reglamento sea transparente y explícito para no tener luego problemas”, expresó.
Otras sugerencias en el tintero
El congresista Costa apuntó dos temas que aún el reglamento final no ha esclarecido: las tachas y la evaluación de la trayectoria de los postulantes. Sobre el primer punto, dijo que estas deben ser antes de la entrevista personal.
“La ley es confusa porque da a entender que se publica la lista de candidatos en El Peruano e inmediatamente se va a las tachas, pero también en el numeral 4 de la ley dice más bien que las tachas tienen lugar antes de la entrevista personal, que es lo que estamos planteando”, comentó.
En cuanto a la evaluación de la trayectoria, Costa cuestiona que no se tome en cuenta el componente cualitativo, sino solo la cantidad de años.
“Sigue siendo demasiado para una trayectoria que no evalúa la calidad de desempeño, sino solo años de servicio como profesor, magistrado, abogado”, opinó.
“Debe ser discutido si los candidatos tiene o no solvencia moral y si no la tienen simplemente no pueden serlo. A eso le plantean de 1 a 12 puntos. Entonces, lo calificas con 5 y de repente llega a estar en la lista de los aptos”, anotó.
Por su parte, Ruiz remarcó que “se ha tomado en cuenta todo lo propuesto por el congresista Costa. No podíamos estar desoyendo lo que la mayoría dice. Yo he hecho que todos participen y se tome la decisión de la mayoría”.
Estas sugerencias también fueron advertidas por la asociación civil Transparencia, quienes a través de un comunicado indicaron que el reglamento aprobado mantiene errores que “deslegitimarían el proceso”. Por ejemplo, un postulante podría ser elegido elegido incluso si obtiene en la entrevista personal apenas 2 de los 12 puntos máximos en la categoría solvencia e idoneidad moral. “Esto no solo pondría en cuestión la idoneidad del candidato, sino que iría en contra del requisito de reconocida solvencia fijado por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional”, precisa Transparencia.
En cuanto a las tachas, indican que estas no deben limitarse al periodo previo a la evaluación curricular porque reduciría su eficacia para prevenir postulaciones no idóneas.
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