Si el miércoles no se halló consenso en el Congreso de la República para la elección de nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) y se suspendió el pleno, lo que sucedió ayer ha entrampado mucho más el proceso.
Han quedado marcados y ratificados también los ánimos respecto a la continuidad de la elección. La jornada inició con una sesión de la Junta de Portavoces sin mayor sobresalto en la que se acordó por mayoría continuar, desde las 4 p.m., con el proceso. Reiteraron su oposición las bancadas del Partido Morado, Frente Amplio y Frepap.
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Durante la sesión de portavoces, el procurador del Congreso, Manuel Peña, informó sobre el procedimiento a seguir ante la acción de amparo y la medida cautelar que ordenó la suspensión de la elección de magistrados.
Por la tarde, el pleno se aprestaba a abordar el tema, pero el presidente de la comisión especial de selección, Rolando Ruiz, solicitó un cuarto intermedio y no se retomó la votación hasta el fin de la sesión del pleno.
Pleno del Congreso
Queda pendiente que Ruiz requiera el levantamiento del cuarto intermedio y que se reúna la Junta de Portavoces para definir cómo procederán. Aron Espinoza, vocero de Podemos, indicó a El Comercio que las bancadas que apoyan el proceso están buscando consensos para determinar si se puede continuar. “Sobre eso estaríamos empezando a votar por los [primeros] cuatro de adelante [de los once que quedan]”, refirió.
“Lo que se está haciendo, con los votos que se cuenta, es tratar de convencer a algunos que tenían preferencias por quienes no eran los primeros [en el cuadro de méritos, y que ya fueron rechazados] y votaron en contra”, dijo Juan Oyola, vocero alterno de Acción Popular, en referencia a UPP y Nueva Constitución.
Sin embargo, fuentes de algunas bancadas, incluso de aquellas que apoyan el proceso, vieron poco viable que se concrete la elección debido a la falta de votos y los efectos de la medida cautelar.
En tanto, aunque reconoció que están “en el limbo”, Luis Valdez, vocero alterno de APP, refirió: “Estamos esperando que el presidente de la comisión especial solicite el término del cuarto intermedio; mientras tanto estamos a la expectativa”.
Durante la jornada, Carmen Omonte y los legisladores de APP Walter Benavides y Walter Ascona emitieron un pronunciamiento expresándose en contra de la elección. De igual forma lo hicieron tres legisladores de Acción Popular: Rolando Campos, Hans Troyes y Jorge Vásquez. En tanto, el candidato Jorge Rioja, puesto 11 en el cuadro de méritos, desistió de seguir participando.
Las motivaciones de los puntajes
Antes de solicitar el cuarto intermedio, Ruiz anunció la publicación de las motivaciones individuales de los congresistas miembros de la comisión respecto al puntaje que otorgaron en las entrevistas personales a los candidatos. Cabe recordar que uno de los cuestionamientos y justificaciones del Poder Judicial para admitir la demanda de amparo y emitir la medica cautelar para la suspensión de la elección fue precisamente el no haber cumplido con el reglamento en la difusión de dichas explicaciones.
“En aras de la transparencia, estamos devolviendo la tranquilidad a aquella jueza que se atrevió a denunciar al Congreso, publicando lo que ella quiere, las motivaciones. Para que en aras de la transparencia quede tranquila con esta situación”, manifestó Ruiz, como reconociendo la deficiencia.
Asimismo, cuestionó que el vocero del Frente Amplio, Yván Quispe, haya remitido cartas a varios candidatos al TC exhortándoles a desistir de su postulación. “Invoco su renuncia al ilegítimo proceso de elección de nuevos magistrados del Tribunal Constitucional”, son los asuntos de varios de los escritos con fecha del 24 de junio remitidos por el legislador de izquierda.
“La bancada del Frente Amplio está amedrentando a todos y cada uno de los candidatos, está amenazando a los que hasta este momento siguen en carrera, con cartas firmadas por su vocero. Exhortándoles que renuncien a su cargo bajo condición de que no sean parte de un golpe o vayan contra el código de ética del Colegio de Abogados. Eso no se puede permitir”, manifestó Franco Salinas, portavoz de Acción Popular, quien además pidió que el caso sea visto en la Comisión de Ética.
A través de Twitter, la respuesta vino de Lenin Checco, legislador del Frente Amplio: “¿Qué quieres que se haga, allanarnos a una elección ilegal? Invocamos y exhortamos a los candidatos al TC [a] hacer ejercicio de la defensa del estado de derecho y no caer en ilegalidades. Hagamos las cosas bien, no nos gane los intereses”.
De la revisión de algunos documentos, sin embargo, resultaron casos particulares. Uno de ellos es el de Diethell Columbus (Fuerza Popular), quien puso la misma explicación, pero diferente puntaje a dos candidatos en el apartado de solvencia e idoneidad moral. “Puede ser que una y el otro hayan respondido dentro del rango, pero con ciertas diferencias”, explicó a El Comercio.
Otro caso fue el del propio Rolando Ruiz, presidente de la comisión especial del TC, quien obre la solvencia e idoneidad moral del constitucionalista Carlos Hakansson, refirió: “A mi criterio, el postulante ha demostrado tener claro la separación e independencia de poderes, lo que es un aspecto sustantivo de nuestro sistema constitucional y democrático”.
Quien pareció haber preferido las motivaciones muy breves fue César Gonzales (Descentralización Democrática), mientras que el parlamentario Jorge Pérez Flores, en varios casos, dejó en blanco el apartado para redactar la explicación de sus puntajes.
Todos estos casos evidencian que el concurso “se ha manejado de forma muy negligente”, por lo que “queda claro por qué no querían publicar las motivaciones”, opinó Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, capítulo Peruano de Transparencia Internacional.
“Los miembros de la comisión no se han tomado en serio justificar sus calificaciones y algunos incluso demuestran que no entienden ni siquiera qué están calificando. Solo como ejemplo, el propio presidente de la comisión justifica sus puntajes en lo que respecta a idoneidad moral señalando que tal o cual candidato no demuestra conocimiento de cómo funciona el TC o sí demuestra conocer sobre la separación de poderes, cuando eso no tiene nada que ver con lo que se está evaluando bajo ese criterio”, explicó Rotta. Respecto al caso de Columbus, cuestionó: “Ha repetido las mismas motivaciones y ha adjudicado puntajes distintos. Parece un intento de direccionar el resultado o una muestra de negligencia que no es aceptable en un concurso de esta importancia”.
De los 9 miembros de la comisión, en el sitio web del Congreso no se publicaron hasta el cierre de esta nota las motivaciones de José Vega (UPP), vicepresidente del grupo.
Tras dos jornadas, el pleno del Congreso no ha podido concretar ni consensos ni alguna elección. Los tres primeros en el cuadro de méritos no alcanzaron los 87 votos requeridos, por lo que aún está pendiente la discusión sobre otros 11 candidatos. Una nueva sesión del pleno está programada para las 9 a.m. de este viernes, aunque sobre otros temas en agenda.
Congreso denunciará a jueza
Durante la jornada, el procurador del Congreso, Manuel Peña, emitió un informe sobre la demanda de amparo y la medida cautelar que ordenó suspender la elección de miembros de TC.
El documento reconoce que la orden judicial “ya tiene plena vigencia”, aunque “no se ha identificado expresamente el apremio o medida coercitiva que se adoptaría en caso de incumplimiento”.
Sin embargo, en el documento se anunció la interposición de una denuncia penal por prevaricato y abuso de autoridad contra la jueza supernumeraria Soledad Blácido, quien ordenó la suspensión de la elección. A juicio del procurador, la magistrada cometió una intromisión en la función del Parlamento y causó un perjuicio a los parlamentarios.
Como se previó en la Junta de Portavoces, el informe se emitió antes de las 4 p.m. y de que se abordara la elección en el pleno. Legisladores de Acción Popular y Alianza para el Progreso (APP) apelaron al documento para señalar que no hubo irregularidades.
De otro lado, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) abrió una investigación preliminar a la jueza Blácido.
La medida fue adoptada por la jueza suprema Mariem de la Rosa Bedriñana, jefa de la OCMA.
En tanto, en un pronunciamiento la Sala Plena de la Corte Suprema aseveró que “las decisiones judiciales, por mandato constitucional, son de obligatorio cumplimiento”.
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