Congreso: proyecto sobre nueva Constitución no tiene eco en principales fuerzas políticas

Son representantes de 5 de las 11 bancadas del Congreso los que han suscrito el proyecto de ley que, a iniciativa del legislador Lenin Bazán (Frente Amplio), plantea la realización de un referéndum para el 11 de abril del 2021 —día de las elecciones generales— a fin de que la ciudadanía decida si se convoca a una asamblea constituyente que elabore una nueva Constitución. Sin embargo, las principales fuerzas políticas del Legislativo expresan su oposición a la propuesta.

El último viernes, durante el pleno, Bazán recorrió el hemiciclo para obtener firmas para el proyecto. Si bien lo firmaron legisladores de Unión por el Perú (UPP), Nueva Constitución, Descentralización Democrática, Podemos Perú y Frente Amplio —de esta última bancada la actual presidenta del Parlamento, Mirtha Vásquez—, hizo también la consulta con otros grupos como Acción Popular (AP), Alianza para el Progreso (APP), Frepap y Somos Perú, pero los portavoces de estos no suscribieron el documento.

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“La idea del proyecto, el contenido, es mía, de mi despacho. El contenido, antes de ser firmado, ha sido sociabilizado con las demás bancadas”, cuenta Lenin Bazán a El Comercio. Si bien la legislatura termina este viernes 18, adelanta que de ampliarle la misma y tener un pleno este sábado o domingo para discutir reformas de sector agroexportador, intentará que la Junta de Portavoces exonere al proyecto del trámite en comisiones, amplíe la agenda y permita el debate en la sesión.

“Estamos de acuerdo con que toda propuesta se debata lo máximo que se pueda y que haya una revisión al máximo. El tema son los tiempos”, agrega el parlamentario, quien asegura que se trata de una “demanda histórica” y parte de la “agenda social que hay en los pueblos”.

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Las posturas

Para Ricardo Burga, vocero de AP, la bancada con más representantes en el Congreso, el tema no es prioritario. En cuanto a la propuesta, considera que en las elecciones del 2021 podría inducir al voto a favor de los partidos que promueven el cambio de Constitución.

“No estoy de acuerdo. Y menos el día de las elecciones, porque va a trastocar el fin principal que es elegir a un presidente de la República”, indica a este Diario. Y añade que si de algún modo se llega a realizar el referéndum, “la prensa es la única culpable”, porque “motivó y azuzó a la gente” durante las últimas manifestaciones contra el corto gobierno de su correligionario Manuel Merino de Lama.

A juicio de Luis Valdez, representante de APP en la Comisión de Constitución, la coyuntura sanitaria, económica y social hacen inoportuna la iniciativa. “Eso no quiere decir que no puedan hacerse algunos ajustes, reformas constitucionales, sobre propuestas concretas y claras”, precisa.

Sin embargo, apunta que el tema genera “inestabilidad” y “tiene un interés político electoral”. “Tenemos que caminar este proceso de transición de manera ordenada, sin generar sobresaltos. Eso debe entender no solamente el presidente Francisco Sagasti, sino también la presidenta del Congreso”, insiste.

Carlos Mesía, de Fuerza Popular, coincide en que la iniciativa puede tener el efecto de inducir al voto a favor de los partidos que la promueven. “El proyecto es absolutamente inconstitucional por todos los lados que se le mire. Y además, inoportuno por la crisis institucional, política, de salud pública, económica que vive el país”, agrega.

Guillermo Aliaga, vocero de Somos Perú, es de la misma opinión. En su lectura, si bien “tal vez sí se debería” concretar reformas en la Constitución, el planteamiento generaría una “inestabilidad económica adicional”.

“Teniendo en cuenta que estamos a pocos meses de las elecciones, lo más importante sería llevar una estabilidad política y económica, y no promover esto. Sí puede ser sujeto a una propuesta electoral a través de los mecanismos que ya establece la Constitución. Pero iniciar una constituyente, no es el momento”, señala.

Bazán replica dichos cuestionamientos en su caso, en el de sus colegas Rocío Silva Santisteban, Mirtha Vásquez o Enrique Fernández, y en el de miembros de Nueva Constitución y Descentralización Democrática, quienes firmaron el proyecto. Refiere que ninguno pertenece a un partido político.

“Eso le da mayor objetividad, imparcialidad a una demanda histórica que los pueblos tienen. No somos militantes. En mi caso, soy un excluido del Frente Amplio. Deslindo de la candidatura de Marco Arana y todos los congresistas al 2021, no vamos a apoyar ninguna candidatura, más que marcar el sí en el referéndum del 11 de abril”, exclama.

Desde AP, APP, Fuerza Popular y Somos Perú tampoco se apoyaría exonerar del trámite de comisiones al proyecto de ley, o darle prioridad. En el caso del Partido Morado, su vocero Daniel Olivares se expresa en la misma línea.

“Nuestra postura es que se tienen que respetar las reglas que hemos decidido en Junta de Portavoces. Hemos decidido que el sábado 19, que es la única fecha que queda, es la fecha para discutir el régimen agrario. No es una fecha para ver los proyectos que quedan o que queramos adelantar. Tendría que haber una pelea enorme para ver qué temas van a entrar”, sostiene.

Este Diario también intentó contactar a voceros del Frepap, pero no respondieron llamadas ni mensajes.

Poca viabilidad

Expertos consultados por este Diario han señalado que la propuesta es inconstitucional, pues la Constitución no contempla la figura de la asamblea constituyente, sino que en su artículo 206 establece el mecanismo para las reformas a la Carta Magna. Hacer lo contrario, añadieron, implicaría precisamente una reforma constitucional.

Sin embargo, no se trata de una propuesta de reforma constitucional, sino de un proyecto de ley. En un escenario en el que se discuta y apruebe incluso en la última legislatura del período —que inicia el 1 de febrero—, el abogado constitucionalista y experto electoral, Alejandro Rospigliosi, estima que “el presidente Sagasti debería de observarla, porque es inconstitucional. Si se observa, tendría que esperarse por la insistencia”.

Ello, empero, implica tiempo y gasto. Y para Rospigliosi: “No van a dar los tiempos. Si se ve este sábado, el Ejecutivo lo va a observar. Por angas o por mangas, veo poco viable que se apruebe ese despropósito, más allá de impacto económico”.

Omar Chehade (APP), presidente de la Comisión de Constitución, informa que, hasta la tarde de este lunes, el proyecto no ha sido derivado al grupo. En primer término, dice ver complicado que se exonere del trámite de comisiones en Junta de Portavoces, porque los promotores de la medida no tienen mayoría. En segundo lugar, considera que los plazos de las elecciones generales siguen corriendo.

“No hay sesión en la comisión hasta febrero, que se reanuda todo. Si llegara, se discutirá en su momento […] Lo veo bien complicado. Es un tema que hay que pensarlo muy bien, no es cualquier ley, cualquier norma. No soy partidario de una asamblea constituyente por ahora. Que este Congreso decida sobre una asamblea constituyente, me parece apresurado”, manifiesta.

Según pudo conocer El Comercio, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) iniciaría entre el 8 y 12 de marzo la impresión de cédulas de sufragio para las elecciones generales.

Mesía detalla que bajo la figura de un referéndum consultivo, el proyecto en realidad hace el llamado a un plebiscito. “Mediante un referéndum se aprueba la reforma total de la constitución. Pero para eso, la ciudadanía tiene que tener el texto. Aquí lo que se quiere hacer es una pregunta, si se está de acuerdo con una asamblea constituyente o no, eso es plebiscito, es una consulta. Un referéndum es para aprobar o derogar leyes; el plebiscito es para hacer consultas políticas y eso no está contemplado en la Constitución”, explica el también exmagistrado del Tribunal Constitucional.

Aún consultando sobre la ley tal como está, Mesía reitera que la propuesta es inconstitucional. “No se le pueda preguntar a la población algo que no está contemplado en la Constitución. La pregunta es engañosa, inconstitucional y no tiene sentido”, añade.

Sobre los cuestionamientos a la forma cómo está planteada la iniciativa, Lenin Bazán responde: “Tampoco creemos que esta es la ruta perfecta, pero creo que es una salida política y jurídica a la demanda y necesidad de la población en este momento”.

Reconoce que el mecanismo para tener una nueva Constitución no está consignado en la actual Carta Magna, pero considera que “es un tema más que todo político”. “Además, tiene que haber un referéndum postconstituyente, que nuevamente consulte al pueblo el contenido de la Constitución”, agrega en un escenario en el que su iniciativa legislativa tenga éxito.

El antecedente

Si bien Lenin Bazán señala haber empezado a elaborar el texto del proyecto de ley desde hace un mes, a propósito de la vacancia del expresidente Martín Vizcarra y las protestas ciudadanas contra el corto régimen del congresista Manuel Merino (Acción Popular), hay un antecedente previo.

En julio pasado, la bancada del Frente Amplio presentó una propuesta con el mismo objetivo que el proyecto de Bazán: una reforma constitucional del artículo 206 de la Constitución para permitir la convocatoria a una asamblea constituyente que elabore una nueva Carta Magna, a ser ratificada en referéndum.

Pero el parlamentario del Frente Amplio reconoce: “Ese es el camino largo, acá hemos optado por un camino más corto que al final te lleva al mismo resultado con asidero legal, el pueblo es el que decide”. Lo cierto es que, por ahora, su planteamiento no tiene mayor eco en el Poder Legislativo.

DATO

— El presidente Francisco Sagasti declaró a la prensa extranjera el mes pasado que una nueva Constitución no es prioridad inmediata de su gobierno.

“(...) Creemos que es una tarea que el próximo Gobierno libremente elegido por la ciudadana tome la decisión o no, de plantear la reforma de la Constitución o una nueva Constitución”, dijo a Reuters.

EL RECIENTE PROYECTO DE LEY

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