El debate público sobre el destino de los restos del genocida Abimael Guzmán ha pasado a los fueros del Congreso de la República. La Fiscalía de la Nación tomó la iniciativa al respecto a través de un proyecto de ley presentado el martes, mientras que desde el Ejecutivo aún no hay alguna medida concreta.
La propuesta de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, plantea modificar el artículo 114 de la Ley General de Salud estableciendo que “el juez o el fiscal, según sea el caso, en decisión especialmente fundamentada, podrá disponer del destino final de los cadáveres cuyo traslado, funerales o inhumación pudiera poner en grave riesgo la seguridad o el orden público”.
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Según explicó la fiscalía, “de aprobarse esta iniciativa, se aplicaría también al caso de Abimael Guzmán Reinoso, toda vez que el Ministerio Público mantiene su cadáver en la morgue del Callao”. Los restos han sido solicitados al fiscal del caso por la esposa del cabecilla de Sendero Luminoso, la también senderista Elena Yparraguirre, a través de la condenada por terrorismo Iris Quiñonez.
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El exoficial mayor del Congreso, César Delgado, explicó a El Comercio que el proyecto tendría que ser derivado a las comisiones de Constitución o Justicia, pues se debe ponderar el derecho ciudadano a la seguridad pública y el derecho de los familiares sobre el cadáver.
“Tendría que invocarse otro derecho superior al de los familiares, como podría ser el derecho de la sociedad, que debe ser cautelado frente al derecho del familiar, frente al bien privado”, dijo.
La Junta de Portavoces del Congreso se reunirá desde las 10:30 a.m. de este miércoles para abordar la propuesta, entre otros temas de cara a la sesión del pleno prevista para el jueves. Si bien la ruta del proyecto a nivel del Parlamento implica su paso por comisiones hasta que eventualmente sea derivada al Ejecutivo para su promulgación y publicación, una discusión a considerar es si se le exonera del debate en los referidos grupos legislativos.
El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, sugirió que el proyecto sea exonerado del trámite en comisiones. “No es la regla, pero en situaciones extraordinarias, como de hecho lo son, esto se puede hacer y se debe hacer”, indicó a este Diario. Similar postura expresaron los voceros de Somos Perú-Partido Morado y Renovación Popular, José Jerí y Jorge Montoya, al considerar que se trata de un tema urgente.
“Por el sentido y de urgencia y por ser un tema nacional, un capítulo que hay que cerrar, sí, apoyaremos la exoneración y que se vea este mismo jueves en el pleno su aprobación”, indicó Jerí.
El martes trascendió también que la legisladora Gladys Echaíz, de APP, presentaría un proyecto de ley sobre la misma materia. Según conoció este Diario, para precisas algunos alcances de la iniciativa de la fiscal de la Nación. El miércoles, la presidenta de la Comisión de Justicia del Parlamento oficializó su iniciativa, planteando que el Ministerio de Justicia se encargue de la cremación de cabecillas terroristas que mueran en prisión. .
Perspectivas
El constitucionalista Luciano López consideró que la fiscalía ha optado por una opción adecuada. Precisó que la discusión gira ahora en torno a derechos fundamentales que no son absolutos y que deben ceder ante otros.
“El bien constitucional identificado es la seguridad interna, sobre el cual se articulan una gama de derechos fundamentales: la tranquilidad pública, la protección de la vida y seguridad de los ciudadanos. Esos se tienen que poner sobre la balanza frente al derecho a un entierro digno y a cultos que son parte de los ritos que tiene toda persona y que tiene perfecto derecho respecto de los restos de sus seres queridos”, explicó.
A juicio de Delgado, el problema de la propuesta está en su aplicación en el tiempo, pues los derechos de los familiares de Guzmán se originaron a partir de su muerte y el proyecto sería extemporáneo. “¿Quiere decir que se va a negar el derecho que preexistió, que es el derecho de los familiares, se puede negar retroactivamente? Ese es el problema que tendría que dilucidarse”, opinó.
Anuncio y postura
Mientras la fiscalía concretó una iniciativa y el Congreso se alista para discutirla, desde el Ejecutivo solo hubo un anuncio.
El ministro del Interior, Juan Carrasco, señaló ayer que el Gobierno alista una iniciativa legislativa en torno a los restos del cabecilla terrorista. “Lo que no existe en estos momentos es una norma que permita la incineración de este cadáver, porque ya no es sujeto de derechos. Se está trabajando en eso y en las próximas horas ya se tendrá un resultado al respecto. Y será el presidente, desde el Ejecutivo, y el Congreso quienes finalmente determinen cuál es la situación final de este cadáver”, manifestó.
Más temprano, en declaraciones a TV Perú, el primer ministro Guido Bellido evitó pronunciarse sobre si respalda la sugerencia del Ministerio de Justicia a la fiscalía para que los restos de Guzmán sean incinerados. En esa línea, insistió en que la decisión está en manos del Ministerio Público y no del gobierno, pues “no se puede gobernar solo para un sector”.
“Los gestos de políticos no pueden ir por encima de la normativa. Nosotros respetamos lo que determine el Ministerio Público”, acotó.
El anuncio de Carrasco se da un día después de que la Defensoría del Pueblo instara al Ejecutivo a emitir un decreto supremo que regule la entrega de restos humanos de individuos que, por actos cometidos en vida, supongan una amenaza a la seguridad nacional.
Gutiérrez lamentó que el Gobierno no haya tomado acciones, pese a que Guzmán falleció el sábado pasado. “Desafortunadamente, el Ejecutivo no ha cumplido su papel. Porque cuando se dan situaciones extraordinarias, que a veces desbordan los marcos legales, se demuestra que hay un gobierno, porque ahí la decisión tiene que ser política. No se ha visto eso”, indicó.
Para López, el Gobierno tiene la opción de emitir, mediante decretos supremos, reglamentos en torno a la Ley General de Salud y la Ley de Cementerios y Servicios Funerarios. Esto a fin de precisar asuntos concernientes a cadáveres no reclamados, entierros y cremaciones.
“No lo quiere hacer este Ejecutivo, lamentable. La Fiscal de la Nación lo ha planteado al Parlamento, veamos ahora la voluntad política del Parlamento”, concluyó.
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