Fuerza Popular solicita a Dina Boluarte remitir a la OEA propuesta de enmienda de Convención Americana sobre DD.HH.

La bancada de Fuerza Popular solicitó a la presidenta Dina Boluarte remitir a la Organización de Estados Americanos (OEA) las propuestas de enmienda al texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Se trata de una moción de orden del día presentada por el vocero del grupo parlamentario naranja, Arturo Alegría, quien considera “pertinente resaltar una serie de deficiencias del sistema que comprometen seriamente la imparcialidad” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el trámite de los casos seguidos contra el Perú.

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También refiere que en reiteras ocasiones la Corte IDH viene incorporando derechos económicos, sociales y culturales en los alcances de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o “Protocolo de San Salvador”, “excediendo los términos contenidos en los tratados, lo que constituye una vulneración del principio del Pacta Sunt Servanda que inspira el Derecho Internacional Público”.

Del mismo modo, el parlamentario fujimorista considera que la recomendación de la CIDH al Congreso de abstenerse de adoptar reformas legislativas o constitucionales que debiliten la autonomía del sistema nacional electoral o del Poder Judicial constituye “injerencia en sus potestades” y “excede” sus competencias.

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Alegría sugirió que dichas propuestas deben promover “mecanismos de transparencia respecto del financiamiento de los órganos del sistema” y que aseguren la independencia e imparcialidad de los órganos del sistema interamericano de derechos humanos, “eliminando sesgos políticos e intereses de actores que perturben las actuaciones de la CIDH y la Corte IDH”.

Asimismo, señala que el Ejecutivo debe dar cuenta al Congreso sobre los resultados alcanzados, con la finalidad de que sea evaluado por ese poder del Estado en el marco de lo prescrito en la Constitución Política y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

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“En caso de que no prosperen las propuestas de enmienda señaladas en el primer acuerdo, se evalúe la pertinencia de la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el marco de lo prescrito en la Constitución Política del Perú y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de conformidad con los principios del Derecho Internacional Público”, subrayó.