Han pasado 130 días desde que la Fiscalía de la Nación denunció constitucionalmente al congresista Edgar Alarcón (UPP) por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito agravado y peculado doloso. Recién este viernes la Comisión Permanente del Congreso de la República definirá si el proceso para levantar el antejuicio del exContralor General de la República avanza a otra etapa o no.
Como se recuerda, el pasado 13 de octubre la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales remitió sendos informes recomendado declarar procedente las denuncias formuladas por el Ministerio Público.
No obstante, dichos informes han esperado más de tres semanas para ser tomadas en cuenta por la agenda de la Comisión Permanente, que también es presidida por Manuel Merino.
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¿Cuál es el proceso de deberá seguir la Comisión Permanente? Según el artículo 89 del Reglamento de Congreso, esta instancia deberá decidir si ratifica o no la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que declaró procedentes las denuncias contra el actual presidente de la Comisión de Fiscalización.
Si no la aprueba, el caso pasaría al archivo. Sin embargo, si su decisión es positiva, se otorgará un plazo no mayor de 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que realice las investigaciones y presente un informe.
El periodo para las pesquisas podrá ser prorrogada una sola vez por el plazo que disponga la Comisión Permanente.
El congresista Edgar Alarcón Tejada fue denunciado en su condición de alto funcionario por hechos cometidos durante su gestión en la Contraloría General de la República (2016-2017) y por tanto, se le aplica el artículo 99 de de la Constitución con la finalidad de que se le retire el mando de inmunidad y se posibilite el inicie del procedimiento de una acusación constitucional.
-Imputaciones por enriquecimiento ilícito-
La denuncia presentada el pasado mes de julio por la Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, se realizaron luego de dos años de investigación tras las denuncias periodísticas respecto a la venta de más de 90 vehículos por parte del excontralor.
Con la documentación recabada en dichas investigaciones preliminares se realizaron dos informes periciales financieros en el 2019, dando como resultado un presunto desbalance patrimonial (saldos negativos), producto de mayores gastos (egresos), por el monto de S/201,337.24 correspondientes a hechos dentro del período del 9 de junio del 2016 hasta el 4 de julio del 2017.
El monto anterior fue calculado por la Fiscalía de la Nación en base a los ingresos y egresos del actual congresista y su familia. Para los egresos se tomaron en cuenta la venta de autos, compra de inmuebles, gastos de tarjetas bancarias, pagos educacionales y viajes que hicieron un total de S/889,163.61.
De otro lado, los ingresos fueron calculados con base a documentación debidamente acreditada en torno a sus haberes como excontralor general, la venta de un inmueble en Camaná, y la venta de vehículos. Todo ello hizo una suma de S/687,826.37.
Un punto a resaltar es que, según el análisis pericial, parte de los ingresos a las cuentas de Alarcón Tejada serían depósitos “presuntamente de origen desconocido, por la suma de S/275,644.90, que habrían sido realizados en efectivo, en montos distintos y en diferentes zonas, de los cuales se desconoce la identidad de los depositantes”.
Todo ello, para el Ministerio Público, haría presumir la existencia de un desbalance patrimonial en los años 2016 y 2017, lo cual no se justificaría con sus ingresos legítimos obtenidos durante dicho periodo, atribuyéndose ello al abuso del cargo como contralor general de la República.
“Estableciéndose en consecuencia, de la comparación de los ingresos y egresos (gastos) anotados del denunciado Edgar Alarcón Tejada y su cónyuge, un presunto desbalance patrimonial por la suma de S/201,337.24 correspondiente al periodo de investigación (del 09 de junio 2016 al 4 de julio del 2017)”, se indica en la denuncia.
La Fiscalía de la Nación remarcó que existe una investigación en las Fiscalías Anticorrupción contra Alarcón Tejada en su condición de exfuncionario de la Contraloría entre los años 2007 al 2016, donde se detectó un presunto desbalance patrimonial por S/1′278,169.83.
Según el Código Penal, cuando el delito de enriquecimiento ilícito es cometido por un alto funcionario sometido a la prerrogativa del antejuicio y acusación constitucional -que es lo que busca la Fiscalía- será reprimido con una pena no menor de 10 años ni mayor de 15 años.
“Por tanto, habiéndose individualizado al presunto autor y no habiendo prescrito la acción penal, corresponde formular la respectiva denuncia constitucional contra Edgar Alarcón, en su condición de excontralor, como presunto autor del delito de enriquecimiento ilícito agravado (…) en agravio del Estado peruano, para iniciar el procedimiento constitucional de antejuicio político, tendiente a la emisión de la resolución autoritativa por parte del Congreso de la República, para disponer la formalización y continuación de la investigación preparatoria correspondiente”, solicitó la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
La denuncia fue revisada y analizada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso que determinó el cumplimiento de los requisitos exigidos para este tipo de procedimientos y la declaró “procedente”. En ese sentido, recomendó a la Comisión Permanente tener en cuenta su consideraciones.
-Sobre la imputación de peculado-
La denuncia por presunto delito de peculado doloso por apropiación ilícita se inició en diciembre del 2018 tras un informe del órgano de control de la Contraloría General de la República, sumándose a ello otra denuncia de la Procuraduría Pública de la CGR en enero del 2019.
Según las pesquisas, en su condición de contralor, Alarcón Tejada habría realizado diversos pagos por servicios no prestados a la institución con cargo a la caja chica y mediante la emisión de comprobantes de pagos.
Un primer pago está referido a treinta y cinco recibos por honorarios electrónicos, emitidos entre febrero a junio del 2017, cuyos servicios fueron “ficticios o simulados”, llevando a pagar en detrimento del erario público un total de S/32,417.39.
Según la investigación de la Fiscalía de la Nación, el pago fue realizado a ocho proveedores que -en algunos casos- mantenían un grado de amistad con los funcionarios contratantes.
Además, señala que no se encontraron los documentos o informes por los cuáles se les pagó y otros reconocieron no haber prestado los servicios por los cuales se les pago a través de sus recibos por honorarios.
Un segundo grupo está referido a quince recibos por honorarios pagados con dinero de la cuenta de recursos directamente recaudados de la Controlaría General por el monto de S/48,704.34.
“En ese sentido, se atribuye al denunciado Edgar Alarcón Tejada, en su condición de Contralor General de la República, haber suscrito (visado), como área usuaria, diversos recibos por honorarios emitidos por terceras personas, con lo cual dio la conformidad en la realización de diversos servicios ficticios o simulados, pese a que los mismos no habrían sudo brindados en favor de la entidad y no contaban con afectación presupuestal, ocasionando un perjuicio patrimonial por el importe de S/48,704.34”, se indica en la denuncia.
Según la imputación fiscal, en este caso corresponde adecuar el delito de peculado doloso por apropiación ilícita pues, teniendo en cuanta que esto se vincula al funcionario público que se apropia o utiliza, para sí o terceros, caudales que están bajo su custodio o administración.
Esta denuncia también fue admitida por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso que ha recomendado a la Comisión Permanente ratificar su decisión y permitir las investigación correspondiente en el fuero parlamentario.
Días atrás, el congresista Alarcón dijo a El Comercio que era el más “interesado en que estos temas avancen porque no solo hay preocupación de mi parte sino también de los periodistas”.
“Es fácil decir que un millón de dólares se han comprado en carros en doce años. Al año, digamos que cuatro carros se han comprado. Se vendía uno, se compraba otro; y así. Y si suman en doce años, sí suman 90 carros, pero no solamente míos; sino también han sumado el tema de mis dos hijos. Ante esta persecución política por el caso Chinchero, se creó este caso de lavado de activos. Será responsabilidad de la fiscalía, demostrar que hubo un ilícito en la compra de los carros”, comentó.
Cabe precisar que, en el caso de enriquecimiento ilícito, la defensa de Alarcón presentó una pericia de parte en la que indica que no se tuvo en cuenta los saldos iniciales de las cuentas bancarias y que al ser consideradas “el resultado final del estudio de ingresos y egresos sería un patrimonio justificado positivo de S/150,104.255” por lo que no existiría un desbalance patrimonial.
Mientras que en la investigación por peculado doloso, Alarcón dijo a la fiscalía que al visar los servicios requeridos, “no significaba que estaba autorizando los pagos correspondientes; sino que dicho pago estaba sometido a un procedimiento”. El visado final, sostuvo, tenía que ser realizado por las áreas orgánicas que solicitaron o requirieron el servicio.
-Deberá defenderse-
Según el Reglamento del Congreso, si la Comisión Permanente ratifica el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el caso pasará a la etapa de investigación.
Con ello, la denuncia será notificada a Alarcón Tejada por el presidente de la Subcomisión dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la toma de conocimiento para realizar su investigación.
A la notificación se adjuntarán los anexos correspondientes y se otorgará al denunciado un plazo de cinco (05) días hábiles para formular su descargo por escrito y presentar u ofrecer los medios indiciarios y/o probatorios que considere necesarios.
Luego de ello, se realizará una audiencia dentro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales con la asistencia de la mitad más uno del número legal de los miembros, a la que también podrá acudir el denunciado.
El informe final puede concluir con el archivamiento o la acusación constitucional de Alarcón. En ambos casos será enviado a la Comisión Permanente.
Si se presenta acusación, la Comisión Permanente debatirá el informe y votará. De ser procedente, el caso será llevado al Pleno parlamentario.
“El Pleno del Congreso vota, pronunciándose en el sentido de si hay o no lugar a la formación de causa a consecuencia de la acusación”, indica el reglamento del Congreso.
El acuerdo aprobatorio de una acusación constitucional, por la presunta comisión de delitos en ejercicio de sus funciones, requiere la votación favorable de la mitad más uno del número de miembros del Congreso, sin participación de los miembros de la Comisión Permanente.
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