El jueves por la noche, el pleno del Congreso aprobó el reglamento para la selección de miembros del Tribunal Constitucional (TC). El documento no garantizaría la idoneidad moral de los candidatos, según especialistas.
La primera observación que hace Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, es que solo se pueden presentar tachas contra los candidatos en la primera etapa del proceso. El riesgo es que se presenten muchos aspirantes y la atención pública no pueda concentrarse en todos. “No es lo mismo fijarte en 100 personas que en treinta, como pasó con el proceso de la Junta Nacional de Justicia”, señala.
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Para él, lo más adecuado hubiese sido que esta opción sea viable cuando ya se haya pasado un primer filtro y quede un menor número de postulantes, pues así la ciudadanía podría ver con más detenimiento cada caso.
El segundo punto que se cuestiona es la distribución de pesos entre la evaluación del currículum (75 puntos) y de la entrevista (25 pts.). En este último aspecto se califica la solvencia e idoneidad moral (12 pts.), proyección personal (8 pts.) y trayectoria profesional (5 pts.).
El constitucionalista Luciano López señala que esta distribución no permite una correcta evaluación de la solvencia e idoneidad moral de los magistrados del TC, el máximo intérprete de la Constitución. Para él, todos estos puntos deberían representar un 40% del total, pues “es tan importante la parte personal como la profesional”. Transparencia había propuesto que la evaluación que se haga en la entrevista no baje de los 35 puntos, pues se le debe dar peso a los criterios cualitativos.
El reglamento establece que un candidato solo requiere alcanzar 15 de los 25 puntos para ser considerado apto. Para Lanegra, esto no garantiza el objetivo que se buscaba. “Y peor aún, los congresistas no tienen la obligación de justificar su puntuación por lo que no tienes cómo saber los criterios que se utilizaron en un caso u otro. Dos candidatos con las mismas características podrían tener puntuaciones diferentes”, señala.
Rocío Silva Santisteban (Frente Amplio) había propuesto que no haya escalas en la evaluación de la idoneidad moral, sino se les dé todos los puntos o ninguno. Pero esta propuesta no se aprobó.
Este es el plan de trabajo y el cronograma que la comisión especial votará en los próximos días:
Además, señala que se podría advertir un riesgo de inconstitucionalidad. En julio, el Congreso realizó una reforma de la ley orgánica del TC en la que se establecía que los miembros debían tener reconocida solvencia profesional y moral, y el reglamento debe tener criterios objetivos que permitan establecer esa solvencia. “Alguien podría plantear una demanda de inconstitucionalidad señalando que el reglamento no garantiza eso”, señala Lanegra.
Y López coincide porque señala que la ley orgánica del TC es parte del bloque constitucional, y se tiene que interpretar de forma integral. “Cuando infringes una de las normas del bloque [constitucional], en este caso la ley orgánica del TC, es como si estuvieras infringiendo la Constitución. Tiene mucho sentido, podría haber un problema de constitucionalidad”, señala.
“¿Se puede decir que al final la decisión está en el pleno del Congreso?” le preguntamos a López. Para él, si bien el pleno tiene la responsabilidad final, el grupo de candidatos que llega -y el orden en el que se votará- es el que ha sido filtrado por la comisión.
¿Por qué se eligió esta proporción de pesos en la evaluación? La propuesta que la comisión especial estuvo trabajando recortaba aún más el valor de la entrevista: eran solo 15 puntos frente a 85 del currículum. Esta decisión se había adoptado a propuesta del Frepap con el fin de bajar la discrecionalidad de la elección, pero finalmente se subió a 25-75.
“Hay un riesgo: que esto se convierta en un veto. En términos del deber ser estoy de acuerdo [con elevar el peso de la evaluación personal]. Pero en términos de la práctica, podía venir alguien y decir ‘este señor no tiene [idoneidad moral]’, y simplemente no pasa”, señala Silva Santisteban.
Otro punto importante es que en la calificación sobre la experiencia profesional no hay criterios objetivos para diferenciar los grados académicos obtenidos en universidades de prestigio frente a los obtenidos en centros de menor calidad; ni para evaluar la solvencia de los fallos o de los años de enseñanza.
Por último, el Congreso aprobó darle un plazo de 15 días a la contraloría para revisar las declaraciones presentadas por los postulantes. Esta institución había solicitado que se le otorgue 20 días para hacer un trabajo adecuado, pero la comisión especial solo había propuesto darles ocho.
Fuentes de la comisión señalan que el debate se realizó con bastante apuro, y no hubo iniciativas para reunirse con representantes de Servir ni de la Junta Nacional de Justicia que tienen experiencia en los procesos de selección de personal y de magistrados. De hecho, el congresista que más impulsó que las entidades públicas y privadas especializadas envíen información fue Diethell Columbus (Fuerza Popular), y no el presidente Rolando Ruiz (Acción Popular).
El miércoles en la noche, la comisión especial aprobó el reglamento, pese a que habían temas pendientes de precisar. El jueves, el texto con la redacción final fue distribuido a los congresistas pasada la 1 de la tarde, y en la noche fue sometido a votación del pleno.
Ayer viernes, la comisión convocó a una sesión presencial con una hora de anticipación, pero finalmente fue abortada. Se esperaba votar el plan de trabajo y cronograma del proceso con el fin de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional antes de fin de año.
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