El ex secretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, se presentó este miércoles ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para que responda por el escándalo de las reuniones secretas del presidente Pedro Castillo en el pasaje de Sarratea, en Breña, y la concesión del proyecto Puente Tarata. El exfuncionario, investigado por la fiscalía, es interrogado también por la procedencia de los US$ 20 mil en efectivo que guardaba en el baño de su despacho, en Palacio de Gobierno.
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Pacheco no quiso detalles, ni ser claro ante los congresistas sobre la ruta exacta de dinero dinero. Se limitó a decir que proviene de los ahorros y de la venta de un terreno. “Mi familia me apoyó con ese dinero (...) Tenemos terrenos que heredados de mis padres, ese terreno se vende y luego se reparte, son mis ahorros personales que me correspondían”, expresó.
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“Yo en ningún momento he recibido corrupción de nadie, ustedes sabrán que este tema del ascenso causó una denuncia, en esa denuncia yo estaba implicado, por eso tuve que buscar una defensa legal hay que pagar eso con dinero. Entonces en esa instancia, lamentablemente, por circunstancias, un día antes del allanamiento, justo ese día tenia que pagar mi defensa legal, un día antes justo había recibido el dinero”, dijo.
“No me presté el dinero, tengo varios hermanos, mis hermanos me dieron 20 mil dólares un día antes del allanamiento. Era pagar mi defensa, lamentablemente el Ministerio Público hizo un abuso con mi persona. Porque ingresaron a todos los espacios para allanar. Lo puse [el dinero] en una caja de zapatos en el closet del baño”, aseveró.
“Yo le dije a mi familia que necesitaba dinero y ellos me dieron ese dinero, como familia grande, tenemos herencia de mis padres, mi familia tiene terrenos en Junín y el dinero se distribuye entre los hermanos. Tengo los contratos de la compra y venta de esos terrenos”, agregó.
También ha sido citados: Fray Vásquez Castillo, sobrino del presidente Pedro Castillo; la lobbista Karelim Lisbeth López Arredondo, así como otras personas involucradas en el caso Puente Tarata y Provías.
En diciembre, el Poder Judicial declaró fundado el pedido del Ministerio Público y dictó 8 meses de impedimento de salida del país contra Bruno Pacheco y la empresaria Karelim López. A ambos se les investiga por el presunto delito de tráfico de influencias, al presuntamente haber ejercido presión sobre los miembros del comité de licitación de una obra pública convocada por Provías Nacional en la región San Martín.
La buena pro para la construcción del puente vehicular Tarata sobre el río Huallaga, en la provincia de Mariscal Cáceres, fue otorgada al Consorcio Tarata III, aunque no cumplía el perfil requerido.
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