JORGE SALDAÑA @jlsaldanar / RODRIGO CRUZ @rcruza
El informe final de la Comisión de Ética declara fundada la denuncia contra el congresista fujimorista Julio Gagó en el caso Copy Depot. Según el documento, el parlamentario faltó el respeto a su investidura al eludir el artículo 10° de Ley de Contrataciones para que la empresa Jaamsa, de su propiedad, continué vendiéndole al Estado a través de Copy Depot.
De acuerdo al informe, al que El Comercio tuvo acceso, la estrategia que elaboró el fujimorista “consistió en valerse de la empresa Copy Depot, sobre la cual ejercía dominio y dirección, y por ser una empresa en la que no figuran como accionistas él ni sus hermanos”.
Por esta razón, en el informe se recomienda suspender por 120 días de sus funciones parlamentarias y el descuento de sus haberes a Gagó Pérez. El documento deberá ser debatido por los miembros de la Comisión antes de ser derivado al Pleno.
El informe advierte sobre el presunto delito penal de falsedad genérica, pues el congresista “habría estado ocultando la verdad de los hechos, simulando que la persona de Amancio Armas y la empresa Copy Depot son independientes de su persona y de Jaamsa”. Por ello, el informe sería remitido a la Fiscalía de la Nación para que proceda según sus atribuciones.
A Gagó se le acusó en febrero último de estar vinculado a Copy Depot, empresa que en los últimos tres años licitó con el Estado casi siete millones de soles. Según la Ley de Contrataciones, los congresistas están prohíbidos de contratar con el sector público.
Antes de que fuera elegido parlamentario, el fujimorista, a través de la empresa Jaamsa, contrató con el Estado la cifra de 27 millones de soles (periodo 2005-2011), siendo su último contrato en febrero de 2011.
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