La Junta de Portavoces del Congreso acordó este martes continuar con la sesión plenaria convocada para el miércoles 8 de noviembre a fin de abordar el caso de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
De este modo, el pleno seguirá adelante con el proceso, donde se tiene previsto escuchar los descargos de los miembros de la JNJ y abordar el informe final de la Comisión de Justicia, que propone destituirlos por presunta falta grave.
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Horas ante el presidente del Parlamento, Alejandro Soto Reyes (Alianza para el Progreso), rechazó la decisión del Poder Judicial y responsabilizó a la Tercera Sala Constitucional de Lima de los actos que puedan suscitarse durante las investigaciones a los integrantes de la junta.
“El Congreso de la República rechaza esta decisión y responsabiliza a la referida sala de todos los actos que puedan suscitarse durante las investigaciones que sobre aquellos recaen en la actualidad o puedan recaer en el futuro, más aún si el Tribunal Constitucional ha emitido la sentencia recaída en el expediente 00003-2002-PCC/TC, que establece la prohibición de interferir en las facultades exclusivas y excluyentes del Congreso de la República, como es el caso”, subrayó.
Como se recuerda, la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima ordenó suspender el proceso que se había iniciado el Congreso en contra de los integrantes de la JNJ para su remoción.
La sala dispuso conceder en parte la medida cautelar y “suspender provisionalmente todos los efectos de la imputación de cargos” que la Comisión de Justicia del Parlamento formuló contra los integrantes de la junta, como parte de la investigación sumaria.
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Sin embargo, la medida “tendrá vigencia hasta que se resuelva el proceso principal y sin prejuicio de las investigaciones o procedimientos parlamentarios que sobre aquellos recaen en la actualidad o puedan recaer en el futuro”.
El documento argumenta que los magistrados incumplieron el artículo 156 de la Constitución, que establece que para ser miembro de la JNJ se requiere ser mayor de 45 años y menor de 75.
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Además, el informe pide la remoción de sus siete miembros por presuntamente haber incumplido con presentar un informe anual ante el pleno del Congreso.
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