El candidato por Somos Perú, Martín Vizcarra, será acusado constitucionalmente ante el Pleno del Congreso de la República por haber incurrido en seis infracciones a la Constitución al vacunarse contra el Covid-19 con las dosis de la farmacéutica Sinopharm cuando ejercía la Presidencia de la Republica, pese a no ser voluntario de los ensayos clínicos.
La decisión fue adoptada por la Comisión Permanente del Congreso al aprobar, con 26 votos a favor, el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomienda su inhabilitación para ejercer cargo público por 10 años.
Por este caso, conocido como el “VacunaGate”, también se aprobó acusar a las exministras de Salud Pilar Mazzeti (25 votos a favor) y a la excanciller Elizabeth Astete (24 votos a favor y 1 en contra). Para la primera se propuso 8 años de inhabilitación y para la segunda, un año.
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La presidenta del Congreso y Comisión Permanente, Mirtha Vásquez, anunció que la sustentación y debate en el Pleno de las tres acusaciones, tendrá que ser agendada por el Consejo Directivo del Parlamento.
Anunció que haría las consultas para que dicho grupo se pueda reunir mañana viernes y tomar una decisión.
“Vamos a hacer la consulta para poder convocarla para el día de mañana, pero recuerden ustedes lo importante que es, el salvar el debido proceso”, anunció Vásquez al término de la sesión de la Comisión Permanente.
Protegieron sus intereses
Jim Mamani, congresista ponente del informe en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, fue el encargado de sustentar las conclusiones finales que proponía la inhabilitación contra el actual candidato al Congreso y las dos exministras de su gobierno.
Durante su presentación, el parlamentario señaló que los exfuncionarios, no protegieron los intereses de los peruanos; sino que protegieron sus propios intereses.
“Mientras el Perú sufría más, el señor Vizcarra ya estaba bien protegido y después se podía ir a hacer campaña; incluso tomar jugos en mercados sin mascarilla, como es de conocimiento público”, indica el congresista Mamani.
Respecto al exjefe de Estado, el congresista indicó que cometió seis infracciones constitucionales pues se vacunó “sin ser parte del voluntariado” del ensayo clínico de Sinopharm; y además, pidió que las vacunas se le inocularan a su esposa y hermano.
Por tanto, agregó Mamani, mintió y afectó varios principios contemplados en el Constitución. Además, habría usado su cargo de alto funcionario intercediendo para que vacunaran a su familia.
Sobre Pilar Mazzetti, el congresista ponente sostuvo que mintió cuando dijo que “el capitán es el último que abandona el barco” para indicar que se vacunaría al final, pero en realidad ya se había vacunado.
Y, en el caso de Elizabeth Astete, se le imputa haberse inoculado la vacuna sin ser voluntaria, pero que reconoció su error y pidió disculpas. Además, brindó información sobre otros hechos.
En esa línea, Mamani sostuvo que la sanción política como la inhabilitación, era evitar que “personas que han hecho mal uso de su poder, nefastas sean re-investidos de poder en un futuro cercano”.
“En este juicio político ha quedado acreditado que Vizcarra ha infringido la Constitución y no respeta el principio de igualdad d ante la ley, es una persona peligrosa y si ejerce el poder seguirá haciendo daño a los ciudadanos”, concluyó.
Derecho a ser elegido
Derecho a ser elegido
Durante su presentación, ante la Comisión Permanente, de manera presencial, el expresidente Vizcarra sostuvo que el proceso en su contra dentro del Congreso fue “express” y sin respetar el debido proceso.
Acusó que las denuncias aprobadas en su contra eran parte de una persecución política y que buscaban truncar su candidatura y sacarlo de carrera en las elecciones del próximo 11 de abril.
Recordó que a tres días de las elecciones, el Congreso quería “irrogarse” la voluntad de 33 millones de peruanos que participarán en las elecciones.
Enfatizó en que su presentación ante la comisión, no era para convencerlos de nada, pues eran las mismas bancadas que cinco meses atrás votaron por su vacancia. Por ello, anunció que se defendería en todos los fueros.
“Nosotros recurriremos a las instancias que correspondan para defendernos. Tenemos un derecho constitucional de postular y ser elegidos y que el pueblo decida y 100 personas no me van a quitar ese derecho. Nos vamos a defender en instancias nacionales e internacionales”, dijo.
Fernando Ugaz, abogado de Vizcarra, aseguró que durante el proceso se violaron, por lo menos, diez derechos constitucionales del debido proceso. Entre estos, el principio de legalidad, a la comunicación de los cargos detallados, a la debida motivación, al derecho a ser elegido, a un tribunal imparcial, etc.
Reconocen errores
Reconocen errores
Previamente, la excanciller Elizabeth Astete dijo ante la Comisión Permanente que reconocía su error al haberse vacunado, sin haber investigado si se trataba de un proceso regular o no.
Astete sostuvo que nunca imaginó terminar su carrera diplomática de 45 años, “con una mancha que afecta mi buen nombre”.
“Reconozco que cometí un grave error de criterio al confiar que la vacuna que se me ofrecía, repetidamente, se trataba de un proceso regular; y asumo plenamente las consecuencias del error que cometí al vacunarme y de no haber investigado y analizado de manea profunda y oportuna el tema”, dijo.
No obstante, rechazó que en su gestión haya beneficiado a la empresa Sinopharm.
Durante sus alegatos reiteró que se vacunó estando convencida de que había tenido la anuencia del presidente Francisco Sagasti, a quien dijo, sí le comentó sobre su intención de inocularse las dosis de Sinopharm.
“Salí de Palacio con la certeza de que contaba con la anuencia del presidente, por lo que al regresar a Cancillería le conté lo ocurrido al embajador (Javier) Sánchez Checa, aceptando así las reiteradas recomendaciones para vacunarme que había recibido”, anotó.
Además, ratificó su versión sobre el pedido que le hizo la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, indicándole que “no podía involucrar al presidente” Sagasti.
“¿Qué razón podría tener yo para mentir sobre lo ocurrido el 21 de enero cuando informé al presidente sobre las razones por las que pensaba vacunarme?”, replicó.
La exministra Pilar Mazzetti, quien hizo su defensa de manera virtual, sostuvo que la propuesta de sanción de inhabilitación no se condice ni era proporcional con “la magnitud del trabajo realizado” contra la pandemia, durante su gestión al frente del Ministerio de Salud.
“He reconocido y pagado el precio político, he pedido disculpas, pero de ahí a decir que no se ha protegido los intereses nacionales y no se ha trabajado al servicio de la Nación hace ver que no se ha evaluado en forma integrada la situación”, remarcó.
En ese sentido, la exministra afirmó que su vacunación podría ser “cuestionado éticamente”, pero que fue válido en su momento, ante la incertidumbre.
Afirmó que, independientemente del proceso y de cualquier sanción que se pretende imponer, seguiría trabajando por el país donde quiera que se encuentre.
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