“Me entrevistó un psicólogo, fueron a mi casa a averiguar, pero pasó eso y no se comunicaron más conmigo. Yo estuve yendo a la oficina a ver al abogado, y él me decía que los documentos ya habían pasado al Poder Judicial, pero que no se movían. Y bueno, me aburrí y dejé de ir”.
El relato es de Lilia Jaureguy - quien el 20 de marzo del 2019 denunció a su esposo, el excongresista Daniel Mora, por violencia familiar - y muestra la falta de atención eficaz a los casos de violencia contra la mujer en el sistema de justicia.
Jaureguy se presentó ante la comisaría de San Borja el 20 de marzo del 2019 para denunciar a su esposo por agresión. El examen médico que le practicaron acreditó la presencia de contusiones en la cara y en los miembros inferiores.
Pero tras dejar la comisaría, lo que le pasó es la historia que podría sufrir cualquiera de las mujeres que en el 2019 denunciaron hechos de violencia en los centros de emergencia mujer a nivel nacional, según cifras oficiales del Ministerio de la Mujer.
-Larga espera-
Jaureguy relató el domingo en el programa Punto Final que luego de acudir a la comisaría la derivaron al Centro Emergencia Mujer (CEM) de San Borja. “Ahí muy amablemente conversé con un abogado de oficio y le firmé un documento para que me represente. A partir de ese momento ya no pasó nada”, contó.
Según informó hoy el Ministerio de la Mujer, en el CEM se le brindó soporte legal, se gestionó terapia sicológica en el Centro de Salud ‘Todos los Santos’ y medidas de protección.
Pero no fue hasta cinco meses después, el 15 de agosto del 2019, cuando el CEM solicitó que “se remitan a la brevedad los actuados a la Fiscalía Especializada en Violencia de Lima, a efectos de que prosiga el trámite en el ámbito penal”.
“Ese es un tiempo excesivo”, señaló la abogada Violeta Bermúdez Valdivia, especialista en derecho de las mujeres, en diálogo con El Comercio. Explicó que el Ministerio de la Mujer debió verificar mucho antes que el caso ya estaba en manos de la fiscalía.
Desde la denuncia de Jaureguy pasaron 20 días para que el Octavo Juzgado de Familia de Lima dispusiera medidas de protección, y recién el jueves último –según informó el Ministerio de la Mujer- se remitieron los actuados a la Fiscalía Especializada en Violencia de Lima para que prosiga el trámite en el ámbito penal.
Es decir, el caso llegó a manos de la Fiscalía Especializada en Violencia de Lima solo después de que se hiciera público. El denunciado, Daniel Mora, se vio forzado a renunciar a su candidatura al Parlamento por el Partido Morado.
El Comercio informó la semana pasada que el Poder Judicial no remitía el expediente a la fiscalía por exceso de carga procesal. El 13 de enero, por ejemplo, según resolución judicial a la que accedió este Diario, el juzgado dirigido por la juez Leidi Olivia Díaz recogió un informe expedido por su especialista en el que se indica que el expediente referido a Daniel Mora, “se encuentra pendiente de ser remitido a la Fiscalía, a fin de que actúe de acuerdo a sus atribuciones, tal como se ha ordenado mediante resolución”.
Según el especialista, existía un atraso de tres meses en el área de notificaciones y a ello se sumaba la falta de notificadores. Solo existía uno para todos los casos del despacho. Por ello, el 4 de octubre se designó a una segunda notificadora.
La abogada Bermúdez explicó, de acuerdo a la Ley 30364, el caso se debió reportar ante el juzgado de familia y ante la fiscalía especializada en simultáneo.
“Uno [el del Juzgado de Familia] tiene por propósito prevenir y el otro [ante la fiscalía] sancionar. Son dos vías diferentes”, explicó. Además, confirmó que, tal como aseguró el pronunciamiento del Ministerio de la Mujer, le correspondía a la PNP remitir lo actuado a ambas instancias.
“El rol del Ministerio de la Mujer es más de acompañamiento, de cerciorarse que el proceso se abre en las dos instancias”, dijo.
Más de 300 días después de acudir a la comisaría para denunciar a su esposo de violencia familiar, y aún con un largo camino legal que recorrer, Jaureguy ratificó ayer el relato que dio ante los efectivos de la PNP en San Borja.
“Es grave y triste. La violencia familiar hay que entenderla como una tragedia, debe tratarse y tomarse medidas correctivas y sanciones”, dijo la doctora Silvia Sotomarino Cáceres, especialista en temas de violencia de género.
Solo en la comisaría de San Borja, en marzo del 2019 se presentaron 37 casos, entre ellos el de Jaureguy. Y a nivel de Lima Metropolitana, la cifra anual llegó a 21.902.
En total, 18 candidatos al Congreso de 12 partidos registran sentencias por violencia familiar. De ellos, siete fueron excluidos de los comicios por haber omitido en la declaración jurada de sus hojas de vida sentencias por ese delito.
-Cronología-
La denuncia por violencia familiar y las consecuencias políticas para Mora van en vías paralelas.
20 de marzo del 2019. Lilia Jaureguy denunció a su esposo, el excongresista Daniel Mora, por violencia familiar en la comisaría de San Borja.
9 de abril del 2019. El Octavo Juzgado de Familia de Lima dispuso medidas de protección para Jaureguy. La abogada Violeta Bermúdez Valdivia, especialista en derecho de las mujeres, explicó que en paralelo se tuvo que reportar lo actuado a la fiscalía especializada, de acuerdo a la Ley 30364.
15 de agosto del 2019. El Centro de Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer solicitó que “se remitan a la brevedad los actuados a la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer en Lima, a efectos de que prosiga el trámite en el ámbito penal”.
16 de enero del 2020. Se hizo pública la denuncia de Jaureguy. Ese mismo día se remitió lo actuado a la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer.
17 de enero del 2020. Daniel Mora asegura que renuncia a su candidatura al Congreso y a su militancia en el Partido Morado.
18 de enero del 2020. El Jurado Electoral Especial de Lima Centro declaró improcedente la solicitud de retiro de la candidatura por no cumplir con los requisitos establecidos.
19 de enero del 2020. Lilia Jaureguy ratifica la denuncia contra Mora en diálogo con Punto Final.
20 de enero del 2020. El Ministerio de la Mujer afirma que brindó apoyo legal y psicológico a Jaureguy, pero reconoce que el caso recién fue remitido a la fiscalía especializada el jueves 16 de enero.