Al menos 345 candidatos que participarán en las elecciones regionales y municipales de octubre tienen condena vigente por diferentes tipos de delito. Así lo informó hoy el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Francisco Távara. “Se está verificando cuántos tienen sentencias firmes, a fin de remitir esta información a los jurados electorales especiales correspondientes para que procedan de acuerdo a ley y separen a estas personas de las listas”, añadió.
En conferencia de prensa, Távara detalló que las condenas más comunes entre las impuestas a estos postulantes se deben a incumplimiento de obligación alimentaria (80), peculado (41), falsificación de documentos (20), usurpación agravada (16), fabricación, tenencia y suministro de materiales peligrosos (16) y falsedad ideológica (12).
También hay tres candidatos sentenciados por secuestros, tres por terrorismo, tres por violación y tres por tráfico ilícito de drogas. Estos últimos son Nalja Daysi Sánchez Vega, quien postula al cargo de regidor distrital de Jircan (Huánuco) por el movimiento Hecho y No Palabras; Rodolfo Guevara Vásquez, quien aspira a ser alcalde de Conchán (Cajamarca) y Espana Mirabal Vilca, quien es candidata al consejo regional de Huánuco. Los dos últimos por el partido Alianza para el Progreso.
PARTIDO DE ACUÑA EN LA MIRAEl JNE indicó, además, que el partido que tiene mayor número de candidatos con condenas vigentes es Alianza para el Progreso (APP), que lidera el ex alcalde de Trujillo César Acuña: son en total 28.
Le siguen Acción Popular (23), Unión por el Perú (13), Partido Humanista (12), Fuerza Popular (11), Somos Perú (11), Partido Aprista (9), Perú Posible (8), Vamos Perú (8), Partido Popular Cristiano (7), Democracia Directa (6) y Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad (6).
La región en la que hay mayor número de candidatos con condena vigente es Áncash, con 40.
MEDIDAS CORRECTIVASDe otro lado, Távara indicó que el JNE tiene iniciativas legislativas para mejorar el contenido de las hojas de vida de candidatos, una nueva Ley de Partidos Políticos y los derechos de participación y control ciudadano o consulta revocatoria en el marco de la Constitución.
Refirió que, según la normatividad vigente, un ciudadano que ha sido sentenciado por cualquier delito y que no está rehabilitado puede postular a cualquier cargo público.
En ese sentido, a modo de ejemplo, citó el caso del ámbito judicial, donde la ley orgánica derogada del Poder Judicial y la nueva Ley de Carrera Judicial señalan que, cuando un ciudadano ha sido objeto de una sentencia condenatoria, ya no puede volver a postular.
“Algunos dicen que esta norma es inconstitucional pero lo pongo como ejemplo para que lo sometan a debate, para que la prensa, los políticos, las universidad todos debemos sumar, para ir mejorando la calidad de la democracia que más allá de sus deficiencias es el mejor régimen político de gobierno”, puntualizó.