Martín Vizcarra, presidente de la República
Martes 1 de setiembre en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno
“Nosotros, como lo propusimos hace cuatro meses, con un proyecto de ley que presentamos el 29 de abril al Congreso, y les pedimos ‘señores [congresistas], juntos hagamos una reforma integral del sistema pensionario peruano’, pusimos un plazo, que en seis meses terminábamos la reforma integral y dijeron ‘seis meses, tanto tiempo, no, no, así no más’, desestimaron nuestro proyecto de ley, han pasado cuatro meses, ya lo tendríamos listo”.
Esta afirmación es imprecisa
La Comisión de Economía del Parlamento mandó al archivo el proyecto de ley al que hace referencia el presidente Vizcarra. Pero el pleno del Congreso aprobó, a mediados de mayo, la formación de una comisión especial que, en 150 días, presente una propuesta de reforma integral del sistema de pensiones público y privado.
El grupo, que dirige la congresista Carmen Omonte (APP), tiene aún hasta mediados de octubre para entregar un documento final. Hasta el momento, ha recibido las opiniones del Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Trabajo, BCR, Defensoría del Pueblo, la SBS, y la Asociación de APF.
Y también de expertos de organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Económica para América Latina (Ceplan) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Es decir, si bien la propuesta del gobierno para formar una comisión mixta (tres integrantes del Congreso, tres del Poder Ejecutivo y dos de organismos autónomos) fue rechazada, el Parlamento sí se encuentra trabajando en una reforma integral del sistema de pensiones. Esta información fue omitida por el jefe de Estado en su última conferencia.
Palacio de Gobierno, a través de su Secretaría de Prensa, indicó a este Diario que la comisión que dirige Omonte era el espacio adecuado para discutir la reforma integral del sistema de pensiones, pero el Congreso dejó de lado a este grupo y decidió discutir otros proyectos en paralelo.
Agregaron que el Parlamento, en estos cuatro meses, solo aprobó una norma que consideran “inconstitucional” y que no soluciona el problema de fondo.
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