El Ministerio Público informó este sábado que inició las diligencias preliminares contra los congresistas que puedan resultar responsables de haber cometido algún delito por no haber acatado la resolución judicial que ordenaba suspender provisionalmente el proceso de elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC).
La Fiscalía de la Nación inició estas diligencias contra los legisladores que resulten responsables del delito de resistencia o desobediencia a la autoridad por haber ratificado en el pleno del miércoles 7 de julio un acuerdo de la Junta de Portavoces para seguir con el proceso, a pesar de que se había aprobado una medida cautelar en su contra.
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“Para la investigación, de naturaleza compleja por el número de involucrados, se ha dispuesto un plazo de cuatro meses. Cabe precisar que este caso se origina porque el Congreso no habría respetado la decisión judicial de suspender provisionalmente la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional hasta que el proceso sea resuelto mediante un pronunciamiento sobre el fondo del asunto”, informó el Ministerio Público.
Las diligencias incluirán la identificación de los parlamentarios que votaron a favor de ratificar el acuerdo de los portavoces para elegir a los magistrados del TC y la recepción de sus declaraciones.
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También solicitarán el acta de la sesión del 8 de julio, segundo día en el que los Portavoces llevaron a cabo una reunión en la cual se ratificó la decisión de seguir adelante con la selección de miembros del tribunal.
Este viernes, el abogado Walter Ayala, quien presentó la demanda de amparo y la medida cautelar contra el Congreso para que no se realice la elección del TC, solicitó a la jueza constitucional Soledad Amparo Blácido Báez que imponga una multa contra todos los legisladores que no acataron su resolución de suspensión del proceso, así como un apercibimiento de ser destituidos por no respetar una resolución judicial.
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En atención a este pedido, la magistrada (actualmente bajo investigación preliminar de la OCMA) rechazó el pedido de multa y de apercibimiento para destitución. Sin embargo, procedió a remitir el caso a la Fiscalía de la Nación porque evaluó que el Poder Legislativo “ha incumplido con el mandato judicial, por lo que existe un indicio suficiente y razonable de la comisión de un hecho delictivo respecto de aquellos congresistas que decidieron no acatar dicho mandato judicial”.
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