Según Hugo Forno Flórez, abogado de la ministra de la Mujer, Carmen Omonte, su patrocinada no ha incurrido en ninguna incompatibilidad al ser propietaria minoritaria de una compañía con concesiones mineras en Huánuco, acotando que ella no tuvo la intención de ocultar información.
“Ella no ha querido ocultar nada porque aparece como accionista con el 10% en una escritura pública en el registro público. Ella, hasta donde alcanza mi conocimiento, ha declarado en sus declaraciones juradas al Congreso, en todo el tiempo que ha estado como congresista, que tiene 10% de acciones de una compañía. No veo yo el ánimo de ocultar nada”, dijo el abogado a RPP Noticias.
Forno señaló que se debería preguntar a quienes “han utilizado a esta persona (el presunto testaferro, Rosendo Ávila) porque la congresista Omonte no lo ha hecho, ya que ella no maneja la empresa ni toma las decisiones”.
Explicó que la titular de la Mujer no es accionista, titular o propietaria de una concesión minera, sino accionista de una compañía que es titular de la concesión minera. Añadió que ella participa desde hace tres años en dicha empresa, es decir desde antes que llegara al Parlamento.
“Ser accionista de la compañía no es igual a ser accionista de la concesión minera, suena parecido pero no es igual. La Constitución y el reglamento del Congreso se encargan de aclarar en qué casos un congresista es accionista de una compañía que es titular del derecho minero, tiene incompatibilidad. Ella no cae en ninguna de las limitaciones”, afirmó.
TESTAFERROSEl abogado del estudio Benitez, Forno & Ugaz dijo que nadie puede afirmar que la ministra de la Mujer haya sido quien contactara y pidiera a Rosendo Ávila, que según el congresista Bruce es el testaferro de Omonte, que pida concesiones mineras o haga trámites.
“Nadie puede afirmar que ella lo ha hecho. Ella no tiene la posición de gerente, no es apoderada, no es representante, no es mandataria, no es abogada, y ni siquiera es accionista mayoritaria de la empresa, ella no manejaba la empresa, ella no dio las órdenes, no escogió a esta persona, no estaba al día a día de la empresa. Como es congresista se quiere personalizar todo en ella pero ella no administraba la sociedad”, aseguró.
Asimismo, dijo que resulta ilegal la utilización de terceros “cuando uno busca hacer a través de alguien lo que no puede hacer directamente”.
“Este no es el caso, porque la concesión es de una persona jurídica de la cual ella tiene solamente el 10%. Esa persona jurídica no tiene ningún impedimento legal para ir directamente al ministerio de Energía y Minas y pedir esa concesión”, aseveró.