MARÍA LUISA SERRA S / GUSTAVO PALOMINO M
Hace casi un mes se advirtió de un aumento desmesurado en más de 700% del presupuesto para gastos reservados de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). El ex ministro del Interior Fernando Rospigliosi e incluso el ex presidente Alan García denunciaron espionaje desde esta entidad y un “cogollo montesinista”.
Desde entonces, la Comisión de Inteligencia del Congreso –encargada de fiscalizar a este organismo– no tiene más que la versión del director ejecutivo de la DINI, Iván Kamisaki, capitán en retiro nombrado en el cargo precisamente como parte del fortalecimiento de esa entidad.
Él acudió a este grupo de trabajo el pasado 20 de abril, en reemplazo de su jefe, el capitán EP en retiro Víctor Gómez. Allí se comprometió a enviar los pormenores de la información brindada, pero hasta hoy no cumple.
¿Qué pasó desde entonces? Nada. La Comisión de Inteligencia se estancó en las indagaciones y recién mañana escuchará al ex ministro Rospigliosi sustentar las acusaciones de espionaje a políticos y periodistas de oposición, compras de equipos en el mercado negro e incluso reclutamiento de agentes vinculados a Vladimiro Montesinos y el otrora Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).
“Esperemos que [Rospigliosi] pueda fundamentar y demostrar con documentos sus apreciaciones”, sostuvo ayer el legislador oficialista José Urquizo, miembro de este grupo.
“Yo fundamentaré y ellos –por algo pagamos su sueldo– son los llamados a investigar”, respondió el ex titular del Interior.
Llama la atención que la voz crítica de la oposición, esta vez, no sea tan contundente como en otras ocasiones, pese a que ya se ha advertido del Decreto Legislativo 1141, que amplía las funciones de la DINI y establece, entre ellas, que puede formular y ejecutar “acciones políticas”.
“Yo prefiero no especular y esperar la sesión. Este es un tema de fiscalización y hay que asegurar que no existe espionaje político”, sostuvo ayer el legislador fujimorista Carlos Tubino.
“Si tenemos indicios, haremos la investigación correspondiente”, dijo su par Luz Salgado.
Tras insistentes llamadas, un asesor de la legisladora Lourdes Alcorta, de Alianza por el Gran Cambio, anunció que ella no daría declaraciones sobre el tema.
La presidenta de este grupo de trabajo, Ana María Solórzano, tampoco respondió. Hace dos semanas declaró a El Comercio que para ella todo estaba claro y no había que volver a citar al director de la DINI.
Los fujimoristas, al parecer, insistirán en tener al capitán Gómez en la Comisión de Inteligencia. Para Fernando Rospigliosi, las investigaciones por vía oficial se estancarán y lo único que queda es que “la prensa cumpla su rol”, pues “estamos igual que en los [años] 90”.