Elaborar expedientes en contra de los opositores ha sido una práctica común para este gobierno. Y no solo se elaboraban files para desacreditar a los opositores ante la opinión pública, sino que, según revelan nuevos documentos obtenidos por El Comercio, también se realizaban rastreos para defender a los ministros interpelados en el pleno del Congreso.
Se trata de un expediente de 49 páginas con información de Sunat, Sunarp, ONPE y Reniec, preparado por la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) sobre 21 congresistas de distintas bancadas parlamentarias.
La información contenida en cada file de los congresistas está referida a posibles conflictos de interés en el sector pesquero. Esto debido a que la oposición presentó en abril del 2013 una moción de interpelación contra la entonces ministra de la Producción, Gladys Triveño, por los alcances del polémico Decreto Supremo 005-2012, que regula la pesca de anchoveta.
Este Diario revisó la transcripción del debate de la sesión de interpelación llevada a cabo el 13 de junio del 2013. Es notorio que algunos oficialistas utilizaron la información del file que se les había entregado.
El primero fue Rogelio Canches, ahora separado de la bancada de Gana Perú, quien recordó al congresista fujimorista Freddy Sarmiento los aportes que recibió en su campaña de personas vinculadas al sector pesquero.
“Este señor Sarmiento ha sido financiado para su campaña electoral con 110 mil nuevos soles provenientes de la pesquería; acá está escrito; dice que el señor dueño de la pesquería artesanal aportó 50 mil nuevos soles; también hay un aporte de 30 mil nuevos soles de la señora Juliana Urcia”, dijo en alusión a la información contenida en la segunda hoja del file de Sarmiento, que especificaba, por ejemplo, que Juliana Cano Urcia era gerenta de las empresas Negocios e Inversiones Las Islas y Negocios e Inversiones El Portal, ambas dedicadas a la extracción pesquera.
Luego, el nacionalista Tomás Zamudio exigió que, antes de intervenir, los congresistas anuncien si habían sido financiados por la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP). Y es que, según el file que tenía en sus manos, la SNP había financiado campañas a través de la ONG Reflexión Democrática.
Lee el informe completo en la edición impresa de El Comercio.