La Defensoría del Pueblo registró 225 conflictos sociales en el país durante mayo pasado, 172 de ellos activos y 53 en estado latente, según informó hoy en un reporte.
La regiones Áncash, con 31 casos, Apurímac, con 23, y Puno, con 19, son las que presentaron mayores conflictos sociales en mayo.
Los conflictos socio-ambientales fueron los más numerosos con 149 casos (66,2 % del total), vinculados sobre todo a actividades mineras (108 casos) e hidrocarburos (19 casos).
Los conflictos generados a partir de asuntos de gobierno locales ocuparon el segundo lugar y se expresó en reclamos por falta de ejecución de obras, pedidos de que se declare vacantes los cargos y oposición a la implementación de políticas, entre otros.
El reporte indicó que en ese mes hubo tres conflictos nuevos: uno socioambiental, otro por asuntos de gobierno local y el último por un tema de universidades.
En ese periodo también se resolvieron tres conflictos: dos socioambientales, en La Libertad y en Huancavelica, y otro por temas de gobierno local, en Áncash.
La Defensoría del Pueblo también alertó sobre la situación de la región Cajamarca, donde se encuentra el proyecto Conga, que tiene una gran resistencia de la población por el tema medioambiental.
La institución pidió no descuidar el diálogo, a propósito del eventual reinicio de las protestas, anunciado por los comuneros debido a la construcción del segundo reservorio de agua para la población que ha pedido el Gobierno peruano antes del inicio del proyecto.