ÓSCAR CASTILLA
Documentos entregados a El Comercio indican que el supuesto seguimiento político, del 29 de mayo en el Parque del Amor de Miraflores, era una operación de la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dirin) contra el crimen. Este material fue presentado el lunes último por el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, en la Comisión de Inteligencia del Congreso.
Según esta versión, el pasado 20 de mayo la Dirin –a cargo del general José Céspedes– inició una operación de seguimiento contra los colombianos José Sánchez Aguirre (32) y José Viveros Espinoza (20), supuestos miembros de una mafia de extorsionadores que operaba en Lima. El plan de inteligencia 075-13-Dirin/Depcco solo duro 9 días, ya que el 29 de mayo una de las agentes de la Dirin fue intervenida por supuesto ‘reglaje político’.
El primer paso del plan fue el 21 de mayo cuando se formó un equipo a cargo del mayor Gastón Lindemberg. Los agentes de este grupo, luego de recibir información reservada, se apostaron cerca de dos objetivos ubicados en la cuadra 8 de la avenida Tomás Valle en Los Olivos: el condominio Las Palmeras y el restaurante Fonda Paisa El Arriero, un lugar de comida típica colombiana registrado a nombre de una peruana.
En este lugar los agentes comenzaron a filmar a las personas que llegaban a dichos inmuebles entre el 22 y el 27 de mayo. Los efectivos se dieron con la sorpresa de que la mayoría de colombianos y peruanos que llegaban a estos puntos lo hacía a bordo de motocicletas.
Los agentes tomaron nota de las placas de las motos y comenzaron a obtener la identidad de los visitantes al restaurante El Arriero y al conjunto habitacional. Así surgieron los nombres de los colombianos José Sánchez, José Viveros, Jesús López Arias y Elmer Gonzales Alzate.
El primero fue intervenido el 25 de abril junto a sus paisanos Rubén López Castaño (46), Edwin Marulanda Giraldo (21) y Christian Cano Loaiza. Estos cuatro fueron denunciados por los vecinos de San Martín de Porres por su actitud sospechosa y por portar armas.
OBJETIVOS A LA VISTA Los agentes descubrieron que Sánchez Aguirre y sus tres compatriotas fugaron del lugar en dos motos, pero fueron detenidos por los policías. Al verse atrapados aceptaron ir al puesto policial, pero tras ser registrados no se les encontró armas de fuego y pudieron salir libres. Sin embargo, pocas semanas después Sánchez volvió a ser identificado por la Dirin.
Esta vez lo hallaron en El Arriero. En ese mismo lugar también se detectó a Viveros Espinoza, el otro objetivo policial. En dicho restaurante dijeron conocer a ambos, pero negaron estar involucrados en actividades ilícitas.
Entonces Sánchez Aguirre fue descubierto a bordo de una moto de placa C40-114, mientras que Viveros Espinoza fue encontrado con la moto de placa C55844. Este último declaró en la Sunat que se dedicaba a la venta de textiles y que vivía en Ventanilla. Ambos registran varios ingresos al Perú.
Para la Dirin, ellos se dedicaban a la extorsión. Por tal motivo, el 27 de mayo se creó otro equipo para este caso, según el memorándum 27-2013-Dirin. El primer grupo a cargo del mayor Lindemberg en Tomás Valle y el otro en Miraflores a cargo del capitán Juan Konja, acompañado por la suboficial Wendy Toro Gonzales y otros policías.
Este grupo llegó el 29 de mayo al Parque del Amor para confirmar, luego del dato de un informante, que Sánchez Aguirre y Viveros Espinoza se iban a reunir para planificar la extorsión de un empresario. Estas actividades no llegaron a completarse porque Toro Gonzales –que según la Dirin fue pedida como apoyo para este caso– fue intervenida ese día, por supuesto ‘reglaje’ a Fernando Rospigliosi.
Aquella fecha, la Dirin abortó las pesquisas iniciales que se seguían contra los colombianos que tres días después, el 1 de junio, dejaron el país rumbo a Panamá y Colombia.
“ESTA VERSIÓN ES UN MONTAJE” Al ser preguntado por El Comercio, el ex ministro del Interior Fernando Rospigliosi dijo que la versión, según, la cual la Dirin realizaba una operación contra el crimen y no una vigilancia en su contra, fue creada entre el domingo y el lunes último por el general Carlos Morán, jefe de Estado Mayor de la Policía.
“Quizá haya por allí el caso de un colombiano que extorsiona, pero esa versión es un montaje para ocultar el seguimiento político”, acotó.