Son varios los constitucionalistas reconocidos que han planteado argumentos en contra de la decisión del presidente Martín Vizcarra de disolver el Congreso. Raúl Ferrero, Víctor García Toma, Óscar Urviola, Luciano López, entre otros, han señalado que las cuestiones de confianza “no son inferidas, se tienen que votar”. Por ello, consideran que no se produjo la segunda negación a una cuestión de confianza.
Del otro lado, los argumentos no han sido muy desarrollados. El exministro de Justicia Francisco Eguiguren está del lado de los que consideran que la decisión presidencial ha sido constitucional. “No es un golpe de Estado. No se han interferido otros órganos, no hay presos ni perseguidos”, señala. Para él, la situación dista bastante de lo ocurrido el 5 de abril de 1992 aunque es cierto que algunos pasos no han sido acordes.
Eguiguren discrepa de los que señalan que la negación de la confianza fue tácita. Afirma que si bien se suele interpretar que la denegatoria se materializa con el voto, hay otros elementos que generan matices en su interpretación.
Una de estas circunstancias es la que se produjo en el pleno del Congreso el lunes 30 de setiembre: a pesar de que escuchar al primer ministro, decidieron someter a votación la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. “El presidente ha hecho uso de una atribución que está en la constitución. Es debatible por lo inédito de la situación”, señaló.
Así, señala Eguiguren, en los hechos se contrarió la cuestión de confianza, incluso aunque horas después los parlamentarios hayan votado a favor. “Estamos ante un pleito eminentemtene político, donde la Constitución es instrumentalizada. Ante la opinión pública puede quedar la idea que la Constitución se puede interpretar de múltiples maneras, cuando hay márgenes para hacerlo”, señala.