GERARDO CABALLERO
Representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, y de la sociedad civil se comprometieron a colaborar en el mejoramiento de la Ley de Delitos Informáticos (Ley N°30096), que el Congreso aprobó el 27 de setiembre. Tal fue el resultado de una mesa redonda organizada por El Comercio el lunes.
El asesor legal del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Roberto Pereira, opinó que no hubo claridad en la elaboración de la norma y cuestionó la rapidez con la que fue aprobada. Asimismo, cuestionó que se incluya el delito de proposición sexual a menores en esta norma, pues es irrelevante si este ilícito se comete utilizando las tecnologías de la información o no.
La Ley 30096 busca sancionar conductas ilícitas que afectan sistemas y datos informáticos mediante el uso de tecnologías de la información o de la comunicación.
El congresista Mauricio Mulder también criticó cómo se aprobó la norma: si bien hubo un dictamen aprobado en la Comisión de Justicia del Congreso, poco antes de la aprobación se acumuló con un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, por lo cual muchos congresistas votaron sin conocer el texto.
Mulder también dijo que el problema de la ley era la ambigüedad. “Hay que buscar un consenso político para modificar esta norma”, añadió.
El abogado José Leandro Reaño, socio del estudio Rodrigo, Elías Medrano, minimizó la utilidad práctica de la norma, pues, afirmó que, de todos los tipos penales que esta ley sanciona, solo dos son novedosos: el tráfico ilegal de datos y comercialización de dispositivos y mecanismos tendientes a la comisión de delitos informativos.
En su opinión, se perdió la oportunidad de introducir una cláusula que, como ocurre en otras normas, precise que las penas de esta ley no se aplican a casos de libertad de prensa.
En tanto, Víctor García Toma, ex presidente del Tribunal Constitucional y ex ministro de Justicia, acusó una redacción imprecisa de la norma. Por ello, agregó, hubiera sido necesaria una técnica más elaborada de los términos empleados.
Asimismo, opinó que el gobierno ha manifestado ya cierta interferencia en la libertad de prensa. Recordó el proyecto de ley de negacionismo, la llamada ley mordaza, y que no hubo respuesta del Gobierno cuando el presidente de Ecuador, Rafael Correa, “atacó groseramente a la prensa nacional”. “Entiendo que un sector de la prensa mira con cierta distancia el comportamiento del gobierno”, indicó.
EL PORQUÉ DE LA LEY Aunque defendió la necesidad de la Ley 30096, el ministro de Justicia, Daniel Figallo, expresó la voluntad del gobierno para escuchar los cuestionamientos que “tienen un asidero” y modificar o suprimir los artículos controvertidos. “Estamos dispuestos a estudiar cualquier propuesta que se pueda generar. Vamos a revisar algunos artículos de la ley”, indicó.
Sin embargo, rechazó tajantemente la opinión de García Toma: “El gobierno no tiene ninguna manifestación en contra de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, de las libertades informativas, no la ha habido, no la habrá. No existe esa política diseñada para generar espacios de interferencia a las libertades comunicativas”.
En tal sentido, recalcó que la norma no sanciona la difusión de datos informáticos, sino la interferencia o interceptación.
También remarcó que la tendencia mundial es penalizar la criminalidad informática con nuevos tipos legales y no forzando los actualmente existentes.
No obstante, admitió que no hubo un debate previo a la norma. “Es verdad que hay situaciones que generan más participación; esta, probablemente, no la tuvo en su momento”, dijo.
El director general de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia, Carlos Zoe Vásquez, explicó que la Ley 30096 busca adecuar la normatividad peruana al “Convenio sobre la ciberdelincuencia” del 2001 (o Convenio de Budapest). “Hoy día hay 11 tipos penales. De esos 11 el Perú tenía antes de la ley solamente dos”, dijo. Explicó, por ejemplo, que esta ley penaliza la sola proposición sexual a menores.
Por ello se dio a conocer que la Policía de Investigaciones de España reveló hace poco 121 casos de crímenes sexuales a menores, cuyos autores se encontraban en Perú.
El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Juan Carlos Eguren, sostuvo que el país ha dado un paso adelante en el combate de los delitos informáticos. Sin embargo, admitió que toda norma es mejorable y perfectible.
“Toda norma se puede esclarecer si tiene zonas oscuras. He pedido a todos los congresistas de la comisión que escuchen, que estén atentos a las sugerencias, análisis u opiniones para analizarlas, canalizarlas y formalizarlas”, indicó.