El Poder Ejecutivo publicó la guía para que las entidades públicas gestionen los riesgos que afectan la integridad pública, tras detectar las brechas que hay en materia de lucha contra la corrupción.
La Secretaría de Integridad Pública, a cargo de Ana Isabel Pari Morales, oficializó el documento a través de la resolución 001-2023-PCM/SIP donde se establece la “Guía para la gestión de riesgos que afectan la integridad pública”.
Según indica el texto, a través de la subsecretaría de monitoreo de este despacho adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se realizó una evaluación de la capacidad de prevención ante la corrupción en diciembre del 2022, donde se detectó una brecha del 14%, 26% y 62% en los ministerios, organismos autónomos y gobiernos regionales, respectivamente respecto a la implementación de la gestión de riesgos.
Señalan que, de la documentación recibida por todas estas entidades evaluadas, se detectó una “variedad de procedimientos o procesos no estandarizados para la gestión de riesgo que afectan la integridad pública”.
Por esto, la guía publicada busca establecer un modelo de integridad para que el sector público pueda identificar los procesos más vulnerables a los delitos contra la administración pública y otras prácticas contrarias a la ética.
En primer lugar, la guía busca identificar, evaluar y mitigar procesos o actividades riesgosas, y en segundo lugar elaborar un mapa de riesgos y controles posteriores. Para tal fin se crea este procedimiento para orientar a las entidades públicas.
“Resulta necesario emitir una guía para desarrollar pautas generales para la gestión de riesgos que afectan la integridad pública, a fin de orientar a las entidades del Estado en el proceso de implementación del componente de Gestión de Riesgos del Modelo de Integridad establecido para las entidades del sector público”, evalúa el Ejecutivo.
Cabe recordar que, en diciembre del 2022, la presidenta de la República, Dina Boluarte, declaró la reorganización del Despacho Presidencial luego de las diversas investigaciones iniciadas por actos irregulares que involucran a personas del entorno del Pedro Castillo.
“Como es de público conocimiento, diversos ex funcionarios del Despacho Presidencial se encuentran en proceso de investigación por la presunta comisión de actos de corrupción, se ha puesto en evidencia una serie de debilidades a nivel organizacional y en la ejecución de los procesos de lucha contra la corrupción en la citada entidad”, se manifestó en el Decreto Supremo 148-2022-PCM que declara reorganización del despacho de Bolaurte.
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