El ex presidente Alan García aseguró que el haber presentado una acción de amparo contra la llamada megacomisión del Congreso no significa que esté rehuyendo a la justicia, sino que pretende que sus derechos sean respetados.
“No rehúyo ni evito ninguna investigación sobre mis acciones de gobierno, pues tengo confianza en ellas, y cualquier presunto delito que se impute a otro funcionario o nivel debe ser respondido y aclarado por el propio imputado”, indicó el líder aprista mediante una declaración enviada a los medios de comunicación.
García sostuvo que su derecho al debido proceso ha sido vulnerado porque se alargó el plazo de investigación de la megacomisión, porque se lo convocó sin que se le explicara previa y detalladamente los delitos imputados, porque no se le permitió acceder al expediente de la investigación y porque no se le ha brindado un juez parcial.
Asimismo, dijo que haberse sometido a las indagaciones “no da derecho a mis adversarios o al partido del gobierno para el abuso, el maltrato ni para el uso político de las instituciones”. Sostuvo que una comisión investigadora del Congreso también debe respetar las leyes y la Constitución “para no convertirse en un instrumento político contra los adversarios”.
LE RECUERDAN LA PRESCRIPCIÓN La acción de amparo de García ha despertado las críticas del oficialismo y sus aliados. El congresista del Partido Nacionalista Freddy Otárola recordó que García se acogió a la prescripción para evitar los cargos de enriquecimiento ilícito durante su primer gobierno (1985-1990). “Evadió a la justicia peruana con la prescripción, ahora quiere evadir a las investigaciones con la acción de amparo”, refirió a RPP.
El acciopopulista Mesías Guevara opinó que, por su bien, García debería ayudar a aclarar las imputaciones que lo involucran y lo exhortó a no entorpecer la labor de la megacomisión.
“El recurso de amparo presentado por Alan García para que el Congreso no lo investigue es señal de culpabilidad”, indicó Guevara Amasifuén.
El abogado aprista Erasmo Reyna dijo que la pretensión de García es que se deje sin efecto todo lo actuado respecto de él, concretamente las manifestaciones que, bajo reserva, ofreció a la comisión investigadora.
LA RUTA DEL AMPARO La acción de amparo fue presentada el 24 de mayo contra los integrantes de la comisión investigadora de los presuntos actos de corrupción del segundo gobierno de Alan García. El Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional, que despacha Hugo Velásquez Zavaleta, recibió la causa.
El 5 de junio, uno de los abogados de García, el aprista Genaro Vélez Castro, presentó al juez dos informes jurídicos de parte para sustentar su posición: uno elaborado por Domingo García Belaunde y otro por Aníbal Quiroga, ambos constitucionalistas; así como un informe del defensor del Pueblo, Eduardo Vega.
Los constitucionalistas insisten en que no se han respetado los derechos de García y que el Congreso lo puede excluir de la investigación.
El miércoles, los congresistas de la megacomisión fueron notificados de que el juez Velásquez había admitido la demanda, y les dio 5 días para que respondan. Sin embargo, no dictó ninguna medida cautelar, razón por la cual –de acuerdo al constitucionalista Raúl Ferrero Costa– la labor de la megacomisión puede continuar.
Ferrero explicó a este Diario que, si el juez da la razón a García, la comisión tendrá que investigarlo de nuevo. “Pero no puede impedir la investigación. Tendrían que volver a investigarlo para que [García] no pueda sostener que ha habido violación del debido proceso”, explicó el ex senador.