Además de hablar del caso de las empresas Exalmar y Fénix, el ministro de Vivienda, Milton von Hesse, se refirió a la llamada 'Ley Coca-Cola', surgida a raíz del proyecto de ley 3690-2014, que el Ejecutivo presentó para reactivar la economía.
Von Hesse negó que se haya reunido con algún representante de la Corporación Lindley, representante en el Perú de Coca-Cola Company, por el caso.
“Lindley jamás me ha solicitado una reunión o dirigido una carta sobre este tema. No me reunido con un representante de la corporación”, señaló en el programa “No culpes a la noche”.
El ministro recordó que ya renunció la persona que, cuando era asesor de su sector, copio textualmente un extracto de la apelación que Corporación Lindley presentó al Servicio de Parques de Lima (Serpar) en un proceso entre ambos, parte que se incluyó en la iniciativa 3690-2014.
Cuando se le consultó si estaba de acuerdo en que el aporte que las empresas deben hacer por habilitación urbana se realice en base al valor arancelario urbano o rústico, y no en base al valor comercial de la edificación, dijo: “Estoy de acuerdo en que debemos desconcentrar Lima. Está tugurizada. No podemos poner restricciones a que las industrias se vayan a las periferias de Lima”.
¿CÓMO LLEGÓ EL DOCUMENTO AL EJECUTIVO?En “No culpes a la noche” también se presentó Luis Miguel León, del estudio Lazo, De Romaña y Gagliuffi Abogados, defensores de la Corporación Lindley.
León señaló que “la ley de habilitaciones urbanas y su reglamento dicen expresamente que, cuando se efectúa la redención de aportes en dinero [por áreas verdes], debe utilizarse el valor arancelario para hacer el cálculo”.
Cuando se le consutltó cómo la apelación de Lindley llegó al Ejecutivo, afirmó que plantearon a diferentes entidades sus inquietudes del caso.
“Corporación Lindley le transmitió a diversas entidades del Estado esta conducta, desde nuestro punto de vista, irregular y desapegada a la ley. El destino de un documento escapa absolutamente de nuestras manos”.
LA VERSIÓN DE SERPARPara Anna Zucchetti, presidenta del directorio de Serpar, “hubo un lobby de una empresa en particular, que evidentemente podría beneficiar a más empresas del sector inmobiliario”.
“Eso afectaría los parques de la ciudad, las áreas verdes de la ciudad, los espacios públicos de muchos ciudadanos. Por lo tanto debemos hacer una reflexión en conjunto entre el MEF, el Ministerio de Vivienda, el Colegio de Arquitectos y la Municipalidad de Lima”, dijo en “No culpes a la noche”.