El presidente de la República, Ollanta Humala, no declarará ante la comisión parlamentaria que investiga el Caso López Meneses. La primera ministra, Ana Jara, en un oficio enviado al grupo de trabajo, asegura que ello “no resulta pertinente”, pues “quebrantaría el sistema institucional” que ejerce la Constitución.
El ministro de Justicia, Daniel Figallo, dijo esta mañana en RPP que la invitación de la Comisión López Meneses “no es un asunto de colaboración debida entre los poderes del estado”, e insistió en que el mandatario “goza de prerrogativas constitucionales que debe ser respetadas”.
¿A qué se refería? Según fuentes de El Comercio, el Gobierno considera que declarar a la comisión parlamentaria convertiría al presidente Humala en testigo de una investigación.
“Esas prerrogativas hacen que el presidente de la República solo pueda ser sometido a investigaciones y acusaciones en torno a unos asuntos específicos”, declaró Figallo, sin dar más detalles sobre esas prerrogativas.
De acuerdo a lo que hemos podido conocer, el Gobierno planea hacer valer el artículo 117° de la Constitución, el cual señala que el presidente de la República “solo puede ser acusado” durante su mandato por cuatro causales: Traición a la patria Impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales Disolver el Congreso (salvo cuando el Legislativo haya negado censurado o negado la confianza a dos Consejos de Ministros) Impedir la reunión o funcionamiento del Congreso, del Jurado Nacional de Elecciones u otros organismos del sistema electoral.
Y para el gobierno, la investigación del Caso López Meneses no corresponde a ninguna de ellas.